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La directora del INDH, Consuelo Contreras, expresó preocupación por las modificaciones al proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), considerándolas un retroceso en las garantías de protección de los derechos fundamentales. Destacó que la legislación debe cumplir con estándares internacionales de Derechos Humanos, como legalidad, necesidad, proporcionalidad y rendición de cuentas. Instó a reconsiderar las disposiciones para asegurar una regulación del uso de la fuerza acorde a los estándares internacionales.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, mostró su preocupación por las modificaciones al proyecto de ley sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), indicando que son “un grave retroceso en las garantías de protección de los derechos fundamentales”.
En concreto, tras destacar la relevancia que tiene el proyecto, el cual fue impulsado por el propio instituto, instó a que “en conformidad a los tratados internacionales de Derechos Humanos que se encuentran reconocidos constitucionalmente”, la legislación debe estar “acorde con un conjunto de estándares, que implican el resguardo de los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”.
“El INDH reitera lo que ha señalado anteriormente: el derecho a la seguridad es también un derecho humano, que exige para su garantía mínima una regulación del uso de la fuerza. Por eso, las modificaciones al proyecto son un grave retroceso en las garantías de protección de los derechos fundamentales”, apuntó.
Así, dijo que desde el organismo instan “a los poderes colegisladores para que reconsidere las disposiciones en el avance del trámite parlamentario. Así, se podrá asegurar una regulación del uso de la fuerza compatible con los estándares internacionales y el deber del Estado de proteger la vida, la integridad física y la dignidad de todas las personas”.
Cabe destacar que, en su comunicado, Contreras mencionó los videos mostrados durante el juicio oral por el trauma ocular causado a Gustavo Gatica. Estos, mostrarían “cómo un funcionario de Carabineros adoptó comportamientos no sólo apartados de las normas que tiene el deber de respetar, sino también contrarios a la función de resguardo del orden público en el marco del Estado de Derecho”. Por ello, insistió en que “la correcta aplicación de estos principios resulta urgente”.
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