La Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto que establece normas generales para el uso de la fuerza (RUF) por parte de las Fuerzas de Orden, Seguridad Pública y las Fuerzas Armadas. La iniciativa, que ahora avanza a su tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, busca regular acciones en labores de orden público, seguridad interior y protección de recintos militares.
El Ejecutivo enfrentó reveses en votaciones clave, como el rechazo al principio de proporcionalidad y a medidas para grupos vulnerables.
Durante dos jornadas, se realizaron 24 votaciones separadas, donde predominaron las propuestas de las comisiones unidas de Defensa y Seguridad. Sin embargo, el Gobierno no logró imponer su postura en temas como la aplicación diferenciada de la fuerza hacia grupos con “protección especial”, incluyendo niños, mujeres y personas con discapacidad.
Uno de los momentos más críticos fue el intento de reposición de la justicia militar. La oposición logró declarar admisible su discusión, pero la falta de quórum impidió su reactivación. “Fue un retroceso civilizatorio evitado”, afirmó el senador Juan Ignacio Latorre (RD), quien advirtió sobre posibles “provocaciones” electorales de la derecha.
En la previa, el presidente de la Comisión de Defensa, Javier Macaya (UDI), destacó que la iniciativa eleva a rango legal normas antes dispersas en reglamentos. “Busca dar certeza a los agentes del Estado con un marco integral”, explicó.
Pese a los desacuerdos, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, resaltó que “el grueso del proyecto mantiene consenso”.
Discrepancias técnicas y el fantasma de la justicia militar
El debate sobre la justicia militar dominó la sesión. El Ejecutivo argumentó que reactivarla alteraría no solo competencias, sino también reglas de persecución penal. “No podemos mezclar este tema con las normas de uso de la fuerza”, sostuvo Cordero. La oposición, en cambio, vinculó la discusión a una futura reforma del Código de Justicia Militar, estancada por dos décadas.
Sobre el principio de proporcionalidad —rechazado por la oposición—, Cordero precisó que “no es lo mismo racionalidad (necesidad de actuar) que proporcionalidad (grados de fuerza)”. El Ejecutivo insiste en que su inclusión daría certeza a las fuerzas policiales, mientras la oposición lo ve redundante. “Es una discusión técnica, pero no afecta el fondo“, minimizó el ministro.
Desafíos pendientes
Con discrepancias aún vigentes, el proyecto podría derivar a una Comisión Mixta. Las diferencias incluyen no solo la proporcionalidad, sino también alcances en la protección de grupos vulnerables.
El ministro enfatizó que el Ejecutivo no busca “endurecer” las reglas, sino equilibrar posiciones. “Ganan y pierden todos, pero el sistema gana en certeza”, afirmó.
Mientras el proyecto avanza a la Cámara Baja, el fantasma de la justicia militar sigue presente. La derecha insinuó que podría reintentar el tema en otro contexto, especialmente en un año electoral. “Esperamos que no sea una provocación”, alertó Latorre.
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