Tras dos semanas de formalización, el denominado Caso Sartor comienza a cerrar su primer capítulo. El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolverá este martes las medidas cautelares de los cinco imputados por los que la Fiscalía pide prisión preventiva.
Entre ellos, se encuentran Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín, Michael Clark, Sergio Yáñez y Rodrigo Bustamante.
Durante las audiencias, uno de los principales puntos de controversia estuvo en la situación de Michael Clark y su relación con Azul Azul. Su defensa sostuvo que el empresario adquirió cuotas de un fondo de inversión que ya controlaba el 63% del club.
“La compraventa de cuotas del 13 de diciembre de 2024 no modifica la composición accionaria del activo del Fondo de Azul Azul, no genera un nuevo evento de toma de control y no produce ningún cambio en el libro de accionistas de Azul Azul. El control accionario del fondo que ejerce sobre Azul Azul no ha cambiado, ya que mi representado jamás ha adquirido una sola acción”, señaló.
La Fiscalía respondió durante las réplicas y sostuvo que la operación implicó una toma de control indirecta que sí requería una oferta pública de adquisición.
El fiscal Juan Pablo Araya también presentó antecedentes que, a su juicio, demostrarían la influencia de Clark en las decisiones de Azul Azul.
“Aquí se vulneró derechamente el objetivo perseguido por la ley que establece la necesidad de realizar una oferta pública de acciones para adquirir el control de una sociedad anónima abierta como lo es Azul Azul. Aquí hay una actuación concreta de facto, no solo en el tema de la OPA. Aquí queda claro que con quien había que hablar para ser director de Azul Azul era con Michael Clark”, dijo.
Otro de los ejes de la discusión fue la responsabilidad por el perjuicio a los inversionistas.
Mientras las defensas apuntaron a la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y al fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal su primera decisión de revocar la autorización de Sartor AGF, uno de los querellantes, Cesar Ramos, sostuvo que el daño patrimonial se produjo con anterioridad y que los imputados ya contaban con información sobre la situación financiera del grupo.
“Y la verdad, su señoría, es que hay evidencia en los testimonios en la carpeta investigativa que dan cuenta del conocimiento sobre el estado patrimonial de las operaciones y del grupo Sartor”, explicó.
A estos antecedentes se sumaron los argumentos de los querellantes sobre la necesidad de cautela, entre ellos cuestionamientos por una eventual instrucción para destruir teléfonos celulares y otros elementos que, según sostienen, podrían afectar el desarrollo de la investigación.
Este lunes concluirán las últimas intervenciones de las defensas, para que el tribunal quede en condiciones de resolver el martes las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público para los imputados.
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