Tres meses después de que el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial resolviera destituir a Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas, funcionarios del Departamento de Desarrollo Institucional, por las faltas disciplinarias establecidas en un sumario interno, los tres siguen ejerciendo sus cargos mientras la Corte Suprema mantiene pendientes las apelaciones contra esa decisión.
La situación ha generado inquietud entre funcionarios y magistrados consultados por Radio Bio Bio, quienes observan con preocupación el tiempo transcurrido sin una decisión definitiva. El contraste, sostienen, resulta inevitable con otros procesos disciplinarios recientes que involucran a ministros de la Corte Suprema y Corte de Apelaciones de Santiago, en los que las medidas de suspensión fueron adoptadas con rapidez mientras se resolvía el fondo de los procedimientos.
Se trata de los mismos funcionarios cuyo sumario reservado reveló BBCL Investiga en mayo pasado. La investigación administrativa concluyó que utilizaron sus cargos y redes institucionales para desarrollar negocios privados relacionados con sistemas informáticos del propio Poder Judicial, hechos que llevaron al Consejo Superior a aprobar las sanciones más gravosas contempladas en el régimen disciplinario.
El reportaje también dio cuenta de que el caso abrió un complejo debate interno sobre probidad, conflictos de interés y uso de información privilegiada.
Apelaciones ingresaron hace más de dos meses
De acuerdo con la respuesta entregada por la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial a una serie de consultas formuladas, las apelaciones presentadas por Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas ingresaron a la Corte Suprema el 3 de junio y actualmente se encuentran “en relación”. Además, figuran en el primer lugar de la tabla del Tribunal Pleno correspondiente a hoy 17 de agosto. Sin embargo, aquello no significa que puedan ser conocidas inmediatamente.
Según explicó el propio Poder Judicial, antes debe resolverse un problema de integración del tribunal, debido a que al menos ocho ministros se encuentran inhabilitados para intervenir en la causa, entre ellos la presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevecich, además de los integrantes del Consejo Superior que adoptaron la sanción y las ministras que participaron en la investigación y resolución administrativa. Esa situación impide alcanzar el quórum mínimo de once ministros requerido para que el Tribunal Pleno pueda pronunciarse.
En otras palabras, primero deberá resolverse la integración del tribunal y sólo después podrá conocerse el fondo de las apelaciones.
Siguen trabajando con normalidad
Mientras ese escenario permanece pendiente, los tres funcionarios continúan ejerciendo sus cargos.
Consultado expresamente, el Poder Judicial confirmó que Mario Lara, Esteban Paiva y Pablo Cabezas siguen prestando servicios al interior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y que lo hacen “en la misma condición jurídica en que están contratados”. Añadió que no se requiere una autorización especial para ello, ya que mientras las sanciones no queden ejecutoriadas, deben continuar ejerciendo las funciones propias de sus cargos.
La institución también descartó que alguno de ellos esté desempeñándose como asesor de la Presidencia de la Corte Suprema, precisando que la Presidencia no cuenta con asesores y que los funcionarios solo colaboran cuando son requeridos conforme a las funciones propias de sus cargos.
La comparación con otros casos disciplinarios
Precisamente ese escenario es el que ha despertado cuestionamientos al interior del Poder Judicial.
Diversas fuentes consultadas por Radio Bio Bio sostienen que la permanencia de funcionarios cuya destitución ya fue acordada por el Consejo Superior transmite una señal compleja para la organización, especialmente considerando que en causas disciplinarias recientes que involucraron a ministros de la Corte Suprema se adoptaron medidas cautelares con rapidez mientras se resolvía la situación definitiva.
La comparación surge inevitablemente con los cuadernos de remoción instruidos respecto de las ministras Ángela Vivanco y Verónica Sabaj, además del ministro Antonio Ulloa, quienes fueron suspendidos mientras se desarrollaban sus respectivos procedimientos disciplinarios.
Frente a esa diferencia, Bio Bio consultó directamente al Poder Judicial si existía un criterio distinto, pero la respuesta institucional fue que “no”
Según explicó la Corte Suprema, Lara, Paiva y Cabezas también fueron suspendidos durante la investigación administrativa como medida cautelar. Una vez concluido el sumario, el Consejo Superior aprobó las sanciones propuestas por la ministra instructora y, desde ese momento, los funcionarios ejercieron el derecho a apelar, recursos cuyo conocimiento permanece pendiente ante el Tribunal Pleno. Por esa razón, afirma la institución, no existiría un trato jurídico diferente entre ambos escenarios pese al ruido que está generando puertas adentro de los tribunales.
Por ahora Lara, Paiva y Cabezas siguen prestando servicios al interior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, algo que no cambiará mientras no se resuelvan los recursos que están en los cajones de la Corte Suprema.
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