El subsecretario del Interior aseguró que con instrucciones como las conocidas esta semana, el esfuerzo que hace el Estado por generar seguridad en la población "pierde todo sentido".
El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió a la polémica resolución del juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, quien habría autorizado videollamadas para reos de alta peligrosidad internos en la Cárcel de Alta Seguridad de la región Metropolitana.
“Estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza”, comentó desde Valparaíso el subsecretario.
El juez Urrutia, según Meganoticias, ordenó la realización de videollamadas de los reos con terceras personas. Quienes no estarían autorizados por la administración penitenciaria.
Dicha resolución fue cuestionada por Gendarmería, ya que pondría “en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada”.
Frente a dicho reclamo, el juez Urrutia ratificó su resolución. Por lo que la institución penitenciaria recurrió a la Corte de Apelaciones de Santiago, donde alertaron la gravedad de la medida.
Al respecto, Monsalve criticó la resolución del Daniel Urrutia, y resaltó que precisamente reos de alta peligrosidad “tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización”.
Agregó que, con instrucciones como las decretadas por el juez, el esfuerzo que hace el Estado por generar seguridad en la población “pierde todo sentido”.
“A nosotros nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y por lo tanto, a través del Ministerio de Justicia, el Gobierno va a utilizar toda la herramienta necesaria para evitar que esto vuelva a ocurrir”, aseguró Monsalve.
Consultado respecto de si el juez Daniel Urrutia debe ser sancionado, Manuel Monsalve respondió que eso le corresponde decidirlo al Poder Judicial, e insistió en que la decisión es “completamente equivocada” y que “perjudica la seguridad de el país” ya que “socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado.
