La defensa de la joven afectada reconoce que se tomaron medidas, pero que estas se adoptaron "más de un año después de ocurrido los hechos, la víctima se encontró en absoluta indefensión”.
Los parlamentarios Andrés Giordano (IND) y Marisela Santibáñez (PC) -ambos de la Comisión de Deportes y Recreación-, entregaron una carta a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) por el incumplimiento de protocolos establecidos para casos de violación, según la Ley Contra el Abuso sexual, Acoso sexual, Discriminación y Maltrato en la actividad deportiva nacional.
Según los denunciantes, el incumplimiento se dio tras la denuncia de una violación por parte de un grupo de ocho a diez cadetes en la sede del Club Cobreloa en septiembre de 2021, contra una joven.
En la misiva los diputados aseguran que “el hecho estaba en conocimiento tanto por parte del club como de la ANFP, quienes no sólo no acogieron el relato de la víctima, sino que además, no activaron los protocolos correspondientes. Particularmente, se debió haber recurrido a lo establecido en el Decreto Supremo N° 21 del 2020 sobre la Ley N° 21.197”.
“Cuando una denuncia oficial sea recibida por parte de una organización deportiva regida por la Ley Nº 19.712 acusando acoso sexual, abuso sexual, discriminación o maltrato, la autoridad institucional responsable deberá llevar a cabo de manera pronta y diligente todas las acciones requeridas según los procedimientos de intervención establecidos en el Protocolo. Esto deberá ocurrir desde el momento en que se haya recibido formalmente la denuncia, hasta que se haya completado su resolución”, agrega la carta.
Desde Quilín, el diputado Giordano lamentó que “ninguna de las instituciones mandatadas para investigar, tomara carta en el asunto y las responsabilidades recaen sobre Cobreloa y sobre la ANFP, donde si es que no hubo un pacto de silencio o de impunidad, por lo menos hubo un pacto de omisión”.
“Se ha metido este caso debajo de la alfombra, que además no es aislado y que nos habla mucho de conductas que se reiteran y que permiten que en las instituciones deportivas ocurran este tipo de situaciones con total impunidad”, dijo Andrés Giordano.
El diputado agregó que “hay antecedentes que se pusieron a disposición de la Comisión de Deportes, que efectivamente dan cuenta de que el club y el propio presidente de la ANFP, don Pablo Milad, tenían conocimiento de esto hace mucho tiempo y que no se tomaron las acciones correspondientes”, agregó.
En esa línea, la diputada Marisela Santibáñez enfatizó en que “estamos en busca de la verdad. Hoy día la víctima tiene 20 años, esto pasó en septiembre de 2021. Acá hay mucha gente que sí lo sabía, a la que se le tocó la puerta como autoridad. Y en eso yo de verdad voy a ser drástica, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias; por eso hoy, desde nuestro rol de diputados y fiscalizadores, estamos pidiendo las explicaciones y las acciones que sean necesarias”.
Respecto a las ataques cibernéticos que ha recibido la denunciante, la legisladora aclaró que “no hay un comunicado de la hinchada, son personas que se sintieron atemorizadas por la desafiliación de un equipo que además recién sube a primera después de tantos años, de un equipo tan relevante como Cobreloa”.
“Yo les pido que separemos las aguas, que no mezclemos las cosas. Acá obviamente hay situaciones que van a comprometer a los distintos equipos, pero recuerden que Cobreloa tiene el 99,9% del club en manos de sus socios, así que está en ellos también hacer algo”, dijo Marisela Santibáñez.
Asimismo, el abogado de la denunciante, Rodrigo Toledo, precisó que “tenemos evidencia de que estaban al tanto. Esto se trata de dirigentes deportivos que no cumplieron la ley”.
“Tanto los dirigentes del Club Deportivo Cobreloa, cuanto la Asociación Nacional de Fútbol Profesional tienen una responsabilidad legal. Debieron impedir que los presuntos agresores o responsables de esta situación tomaran contacto o vínculo de alguna naturaleza con la víctima denunciante, acoger la denuncia y transmitirla inmediatamente al Ministerio Público”, detalló el defensor.
Y si bien reconocen que se tomaron medidas, estas se adoptaron “más de un año después de ocurrido los hechos, la víctima se encontró en absoluta indefensión”.
