La minera Andes Iron recurrirá a tribunales ambientales luego del rechazo del proyecto minero Dominga por el Comité de Ministros. Organizaciones ambientalistas afirmaron que el proyecto no es viable por su impacto irreparable en el ecosistema, mientras que parlamentarios de oposición señalaron que la discusión se ha transformado en una lucha ideológica, ya que Andes Iron cumple con los requisitos técnicos.

A meses del pronunciamiento del Comité de Ministros, el Servicio de Evaluación Ambiental publicó la resolución que contiene los argumentos técnicos y científicos que validan deficiencias en el proceso de evaluación ambiental en el proyecto de la minera Dominga.

La empresa titular del megaproyecto minero-portuario, Andes Iron, comunicó que seguirán adelante con la iniciativa, y recurrirán a los tribunales ambientales, instancia que analiza los proyectos en su mérito técnico y jurídico, donde la compañía afirmó que ha tenido resultados favorables.

Desde la fundación Oceana, la abogada de Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, Alejandra Donoso, afirmó que si bien la empresa tiene el derecho de recurrir a los tribunales ambientales, el proyecto Dominga no es ambientalmente viable en el territorio por su impacto y magnitud irreparable.

El diputado del Partido Socialista de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Daniel Melo, afirmó que la resolución del Comité de Ministros es contundente y declara las ilegalidades del proyecto Dominga.

Por su parte, el diputado UDI de la Comisión de Minería y Energía, Marco Antonio Sulantay, lamentó el bloqueo, ya que esta nueva paralización tiene razones exclusivamente políticas e ideológicas, y la comuna de la Higuera necesita esta inversión.

El proyecto minero portuario Dominga implicaría una inversión de US $2.500 millones.

El informe del Servicio de Evaluación Ambiental precisó que se podrá reclamar la resolución ante el Tribunal Ambiental dentro del plazo de treinta días desde su notificación, sin perjuicio de ejercer cualquier otro recurso que los reclamantes estimen oportuno.