Víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en la región del Bío Bío acusan que ninguno recibió la pensión de gracia prometida por el Gobierno. Desde el Ejecutivo aseguraron que revisarán esta situación.
Las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el estallido social denunciaron centralismo en la aprobación de las pensiones de gracia por parte del Gobierno, al subrayar que de las 296 ya aprobadas, ninguna es del Bío Bío. En la región son 28 personas a quienes el INDH ha acreditado con trauma ocular y que esperan el beneficio.
La información se conoció hace unos días, respecto de 296 víctimas que en los últimos tres meses han recibido la luz verde para la reparación por los daños causados por agentes del Estado durante la revuelta social.
En esa lista, sin embargo, no hay afectados del Bío Bío, lo que para Rodrigo Lagarini, quien perdió la visión en uno de sus ojos, es resultado del centralismo con que se está desarrollando el proceso.
“Existe un centralismo horrendo en nuestro país. A mí me llegó gente, compañeros de trauma ocular de Santiago que hacían saltarme al INDH Bío Bío, pero por protocolo yo tengo que hacerlo a través de ellos, por eso estoy acá esperando”, dijo Lagarini.
Lagarini es uno de los casos más graves a nivel regional, uno de los 28 acreditados por el Instituto de Derechos Humanos, señaló la directora del organismo, Carolina Chang, quien agregó que del total de personas en la zona “24 ya presentaron sus informes el Ministerio de Interior”.
Consultada sobre el tema y la denuncia de las víctimas, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, señaló que revisará la situación. “Estos son procesos que nosotros seguimos con mucho cuidado y lo vamos a tener que revisar para ver cuáles son las razones que están detrás de esto”, añadió Dresdner.
Las pensiones de gracia que comprometió el presidente Gabriel Boric apuntan a personas que hayan sufrido un menoscabo laboral a raíz de agresiones físicas, lesiones graves con afectación psicológica y lesiones gravísimas por trauma ocular o que hayan causado la muerte.
Otro de los casos emblemáticos es el de Alejandro Torres, un camarógrafo que recibió un disparo que le originó la pérdida de su ojo izquierdo.
“Esta pensión me ayudaría bastante, ya que después de perder la visión del ojo izquierdo no he podido trabajar en lo que es Audiovisual, que es mi profesión, y para ayudar a mi hija, que pasa a estudios superiores”, reconoció el camarógrafo.
Como parte del proceso, la Subsecretaría de Derechos Humanos está convocando a las víctimas del Bío Bío y Ñuble a una reunión el próximo 4 y 5 de noviembre.
La seremi de Justicia, Claudia Soto, explicó que el objetivo es “definir las bases para una ley de reparación integral y establecer un mecanismo de reconocimiento y calificación de violaciones de derechos humanos, para construir así también lazos de confianza entre la institucionalidad pública y las familias”.
Las pensiones que está entregando el gobierno van desde los 257 a los 515 mil pesos, y son independientes de las indemnizaciones que las víctimas demanden en tribunales.
