El diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que busca derogar el aborto en Chile y aumentar las penas por su práctica.

El diputado del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea, presentó un proyecto de ley que buscar derogar el aborto en Chile.

En los antecedentes presentados por el parlamentario, se hace alusión a Ley Nº 21.030 que regula la Despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Tres Causales (D.O 23 de septiembre de 2017).

Recordemos que esa legislación, modificando el Código Sanitario, permite la realización de abortos por: riesgo vital de la madre; patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente del embrión; y en el caso de violación, siempre que no hayan transcurrido más de doce semanas de gestación.

Según cifras del Ministerio de Salud, a junio de 2022, se han realizado en nuestro país 3.333 abortos bajo el amparo de esa ley, detalló el diputado en el documento.

Proyecto busca derogar el aborto en Chile

Urruticoechea establece en su proyecto que “el aborto constituye una forma de homicidio, toda vez que implica la eliminación de un ser humano débil y por definición inocente todavía en el vientre de su madre a la que se haya confiado”.

Así también indica que “los legisladores tenemos una responsabilidad y compromiso con la dignidad humana y con el futuro del país, responsabilidad que supera con creces las estrategias de instituciones internacionales, fundaciones y asociaciones que luchan sistemáticamente por la legalización y la difusión del aborto en el mundo”.

A esto añade que “el proyecto de artículo único sanciona penalmente la herida gravísima del aborto causada a la sociedad y a su cultura por quienes deberían ser sus constructores y defensores, derogando la reglamentación pertinente del Código Sanitario”.

“Los autores dejamos expresa constancia que el proyecto no alterna en manera alguna las eximentes de responsabilidad contempladas en el artículo 10º del Código Penal respecto a la mujer que no ha causado su propio aborto o el profesional que, por ejemplo, actúa para evitar un mal mayor sobre la vida de la madre o en cumplimiento de un estándar profesional”, precisa Urruticoechea.

En cuanto a las sanciones, el proyecto señala que “se aumenta la pena del profesional que violando su estándar profesional procura de manera directa y sin causa de justificación legal un aborto”.

Finalmente, “se sanciona a cualquier persona que promocione o difunda servicios o productos que tengan por finalidad proporcionar medios para la comisión de delito de aborto”, dice el documento.

Compromiso por una maternidad deseada y aborto legal

A raíz de esto, la diputada e integrante de la comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, Maite Orsini, dijo que “por el Día de Acción Global por el Aborto Seguro y Legal, las diputadas de la bancada feminista venimos a reafirmar nuestro compromiso por una maternidad deseada y nuestro compromiso por un aborto legal, seguro y gratuito para las mujeres de Chile”.

“Porque sabemos que abortos hubo, abortos hay y abortos van a seguir existiendo y la penalidad de la interrupción voluntaria del embarazo sólo genera inseguridad para las mujeres y niñas que tienen que abortar de forma clandestina, poniendo en peligro sus vidas”, manifiesta la parlamentaria.

En esta línea, Orsini dijo que “hoy presentarán una reforma constitucional para consagrar los derechos sexuales y reproductivos porque así podemos asegurar nuestros derechos, como el aborto en 3 causales, y podemos también avanzar hacia la despenalización y la legalización del aborto, que hoy peligran ante el avance de una agenda que busca criminalizar, juzgar y poner en riesgo a las mujeres”.

Por su parte, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, utilizó sus redes sociales para manifestar su posición.

“Prohibir el acceso a métodos de interrupción del embarazo seguros y respetuosos pone en riesgo la integridad física y psicológica de las mujeres. Avanzar en una legislación que garantice derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres es un imperativo de salud pública”, escribió la secretaria de Estado en su cuenta de Twitter.