A una década de su dictación, este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados podría terminar de votar y despachar al Senado, el proyecto que anula la Ley de Pesca. Su tramitación ha estado marcada por un exsenador en la cárcel y una empresa condenada en su persona jurídica por hechos de corrupción. Se espera que la UDI, partido cuestionado por el financiamiento irregular a parlamentarios en la tramitación de la ley, no vote a favor ni tampoco intervenga en la Sala.
Fue el 6 de enero del 2016, hace 6 años y 8 meses, que un grupo de diputados y diputadas del PPD y el Partido Comunista, presentaron en conjunto un proyecto de ley para declarar nula la Ley 20.657, conocida como la Ley de Pesca, o en su nombre más infame, ‘La Ley Longueira’.
Otra coincidencia del tiempo es que el 7 de enero de este año, a 6 años casi clavados desde el inicio del trámite, el exsenador UDI, Jaime Orpis, se convirtió en el primer político condenado a cárcel efectiva por recibir coimas de la industria pesquera, habiendo cumplido ya 210 días de presidio de una condena de cinco años y un día.
En cuanto al trámite, ha pasado casi un año desde que las comisiones unidas de Constitución y de Pesca de la Corporación, despachó el informe para votar en particular la iniciativa.
Y por primera vez en todo ese tiempo, esta tarde, existe la posibilidad de que la iniciativa llegue al Senado y finalice su primer trámite constitucional.
Polémica Ley Longueira se acerca a su fin
Para el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito, quien presidió la comisión de Pesca el año pasado cuando se despachó la propuesta, se debe terminar con la lentitud del trámite.
En ese sentido, planteó que cada día que pasa con la vigencia de esta ley, se legaliza la corrupción.
El debate de los últimos años, se ha concentrado en qué hacer con el período de transición, entre que una ley se deroga y una nueva ley de pesca se promulga.
Cuando se abrió el plazo de indicaciones, hubo quienes pidieron que la ley quedara sin efecto solo cuando terminara de tramitarse una de reemplazo.
No obstante, lo que quedó firme, es que se dará un plazo de dos años para que el Gobierno y el Congreso, redacten y aprueben una nueva ley.
El silencio de la UDI en la Cámara
Afirmándose a este debate y sin tocar el caso de corrupción que afectó a su partido, se espera que la Unión Demócrata Independiente no apoye esta propuesta en Sala.
De hecho, las 11 intervenciones inscritas para la sesión no incluyen a diputados de oposición, con la excepción del republicano, Gonzalo de La Carrera.
El diputado UDI, Sergio Bobadilla, integrante de la Comisión de Pesca, dijo que en vez de derogar se debe llegar a un acuerdo para mejorar la ley actual.
Oficialismo pide al Gobierno apurar nueva Ley de Pesca
Para los impulsores de la nulidad, no es aceptable que esté cerca de cumplir 10 años de vigencia una ley que trajo condenas por corrupción.
Asimismo, apuntan a que perjudica a los pescadores artesanales tanto en la repartición de cuotas de extracción, como en el uso de permisos renovables que, hoy por hoy, no son heredables.
Desde el Partido Comunista, el diputado Matías Ramírez hizo un llamado a su propio Gobierno a apurar el tranco para la presentación de un borrador, comprometido para finales de este año o comienzos del próximo, permitiendo que la nulidad de la ley sea acompañada rápidamente de una nueva iniciativa.
Así también, Ramírez enumeró los ejes centrales del debate para una nueva normativa.
Desde la Democracia Cristiana aseguran que también están por la anulación de la ley.
Su jefe de bancada e integrante de la comisión de Pesca, Erick Aedo, comprometió su apoyo y dijo que esta es la manera en que el Parlamento rediscutirá una ley que es ‘impura’ y ‘cuestionada’.
Aedo dijo que una actualización de la normativa es necesaria.
El polémico historial de corrupción que marcó la Ley Longueira
El proyecto de nulidad surgió por la denuncia y posterior comprobación de que hubo cohecho o pago de coimas desde la industria de la pesca industrial en el Caso Corpesca, a la exdiputada UDI, Marta Isasi, y el propio exsenador gremialista, Jaime Orpis.
Le llaman ‘Ley Longueira’, por el rol que tuvo el excandidato presidencial de la UDI, Pablo Longueira, como ministro de Economía en el ingreso del trámite, aunque el también exsenador, fue sobreseído en el caso.
De hecho, la propia empresa Corpesca, condenada con responsabilidad penal de la persona jurídica, debió pagar 516 millones de pesos.
En el mundo de la pesca artesanal no se explican cómo a 10 años de la dictación de la ley, la norma que entregó las licencias de pesca a un puñado de empresas siga en vigencia.
Sin embargo, con la mayoría simple de la Cámara de Diputadas y Diputados, está ad portas de ser enviada por primera vez al Senado a segundo trámite.
