Juan Francisco Galli, exsubecretario del Interior, apuntó contra el Presidente de la República, Gabriel Boric, acusando una contradicción de su parte al descartar una querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, precisando que cuando la máxima autoridad del país era diputado firmó un proyecto que calificaba como delitos discursos que llamaran a la violencia.
El exsubsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, acusó una contradicción en las palabras del Presidente de la República, Gabriel Boric, tras descartar una querella contra el líder de la CAM, Héctor Llaitul, tras su llamado “a preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada” luego de la propuesta del estado intermedio del Gobierno, indicando que cuando el jefe de Estado cumplía funciones como diputado “firmó proyecto para crear nuevo delito contra discursos que llamen a la violencia”.
Las declaraciones de Galli se dan luego que la máxima autoridad del país -al ser consultado porqué La Moneda no se va a querellar contra Llaitul- sostuviera que “nuestro gobierno persigue delitos, y los va a perseguir con todo el peso de la ley, nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones y ahí puede que tengamos diferencias, que se pueden debatir”.
En ese sentido, el exsubsecretario del Interior de la administración de Sebastián Piñera precisó que “el Presidente Gabriel Boric señaló que el Gobierno no se querellaría en contra de Héctor Llaitul por llamar a la resistencia contra el Estado. Esto parece contradictorio contra su propia moción que él presentó como diputado de la República para penalizar como delitos las expresiones que incitaran a la violencia”.
“Ese es justamente el delito que está contemplado hoy día en la Ley de Seguridad del Estado, por lo cual, deberían perseguirse las expresiones de Héctor Llaitul”, añadió.
Por su parte, la senadora por la región de La Araucanía, Carmen Gloria Aravena, manifestó -por medio de un comunicado que “la Ley 12.927 tipifica las declaraciones de Héctor Llaitul como un delito, y por lo tanto, corresponde que el gobierno se querelle para que pueda actuar el Ministerio Público”.
En la misma misiva, la parlamentaria precisó que ve como algo delicado que la máxima autoridad del país y “varios de sus ministros opinen desde el desconocimiento, porque eso está provocando una inacción del Estado, que impide enfrentar la violencia que se registra en el país y el terrorismo que impera en la Macrozona Sur”.
A su vez, Aravena manifestó que el Presidente Boric está equivocado, señalando que “la Ley de Seguridad del Estado sí tipifica las declaraciones de Héctor Llaitul como un delito; y no un delito cualquiera, sino que uno gravísimo”.
“Si el Mandatario afirma que su gobierno persigue delitos, bueno, lo que corresponde en el caso de Héctor Llaitul es que se querelle”, expuso, agregando que “no es atribución del gobierno decidir cuáles delitos son tolerables y cuáles no. Lo afirmado por Llaitul es un delito grave, y por lo tanto, debe ser perseguido”.
