Alexandra Orrego, quien decidió reunir a los docentes que emprendieron una demanda contra el Estado por la deuda histórica, aseguró que tienen "nuevos brillos para seguir luchando y tratar de que a todos los profesores se les reparen sus derechos". Además, el abogado Ciro Colombara explicó que serán indemnizados con más de 4 millones de dólares por concepto de daño moral y cerca de 84 millones de dólares por concepto de daños materiales.
Los abogados Ciro Colombara y Giampiero Fava, junto a Alexandra Orrego, se refirieron este martes a la condena que recibió el Estado de Chile por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) por la denominada deuda histórica a los profesores del país.
Alexandra Orrego, quien estuvo a cargo de reunir a los docentes que decidieron demandar al Estado, afirmó que 187 de los posibles beneficiados ya fallecieron. “Tenemos nuevos brillos para seguir luchando y tratar de que a todos los profesores se les reparen sus derechos, que desde la dictadura militar fueron conculcados”, señaló.
“Ningún gobierno ha tenido la voluntad política de asumir esta deuda histórica, que ya no es histórica, sino vigente”, agregó.
La deuda histórica se generó en el contexto de la dictadura militar, cuando la administración de la educación pública fue traspasada desde el nivel central a las municipalidades del país. Esta acción implicó que el personal docente quedó sometido al Código del Trabajo, por lo que se regían por las normas aplicables al sector privado.
Se creó una asignación especial no imponible para el personal docente dependiente del Ministerio de Educación. Sin embargo, los profesores que fueron transferidos a las municipalidades no recibieron este monto, dando origen a esta deuda que se ha extendido por décadas.
“Por primera vez, un Estado es condenado por un tribunal internacional de derechos humanos por haber violado el derecho de propiedad, las garantías judiciales y el acceso a la justicia”, sostuvo Ciro Colombara, uno de los abogados que llevó adelante el caso.
En ese sentido, explicó que “esta sentencia favorece a 856 profesores y se obliga al Estado de Chile a pagar, en el plazo de tres años, más de 4 millones de dólares por concepto de daño moral y cerca de 84 millones de dólares por concepto de daños materiales o directos”.
Por último, Giampiero Fava, otro de los abogados que trabajó en el caso, afirmó que “durante casi 30 años, el Estado chileno no dio cumplimiento a sentencias judiciales dictadas por tribunales de la República, que reconocían el derecho a favor de los profesores”.
