Veinte ministros de la Corte de Santiago y una de la Suprema, se acogieron a su “derecho a guardar silencio”, en una investigación que lleva el fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, por el delito de prevaricación judicial y administrativa.
Lo anterior, en el marco de una querella interpuesta por el abogado Fernando Leal en contra de quienes resulten responsables, pero que incluye a los magistrados que revocaron, por la vía administrativa, una decisión jurisdiccional adoptada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia, que en 2020 otorgó la libertad a un grupo de 13 imputados vinculados al estallido social.
La decisión de no testimoniar de los miembros del tribunal de alzada capitalino, consta en una presentación ingresada ante el Ministerio Público por la Defensoría hace algunas semanas.
“Nuestros representados se acogerán a su derecho a guardar silencio (…) por consiguiente solicitamos que se deje sin efecto toda citación (…). En caso de decidir alguno de ellos prestar declaración, le será solicitado oportunamente por la defensa”, se lee en el escrito al que accedió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Rápido
La presentación aludida se suma a otras que buscan terminar con la indagatoria del perseguidor penal en tiempo record, luego que Vega, fuera nombrado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, atendida la investidura de los requeridos.
Una de ellas fue la solicitud de sobreseimiento en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago hace algunas semanas, cuando las diligencias decretadas para acreditar o descartar los hechos, se encuentran en plena tramitación.
El escrito -con miras a la realización de una audiencia de cautela de garantías en calidad de “urgente”- ha sufrido traspiés. Primero, porque los 14 jueces del tribunal donde quedó incoada la causa, se inhabilitaron. Por esta razón, la Coordinación del Centro de Justicia deberá informar quienes podrían resolver las presentaciones de la Defensoría.
Invocando el artículo 159 del Código Procesal Penal, pide que por la vía de una resolución judicial se anule un “procedimiento legal defectuoso”.
El segundo escrito, que puede ser leído como una advertencia a cualquier magistrado, apunta a que cualquier diligencia que realice el fiscal Vega y que tenga la característica de “intrusiva”, sea controlada constitucional y procesalmente por un tribunal antes de ser acogida.
De esta manera, la Defensoría intentó adelantarse al Ministerio Público, atendido que Vega, acogió al menos dos solicitudes planteadas por el abogado Fernando Leal. Se trata del listado de teléfonos celulares de todos los magistrados de la Corte querellados en el caso, como también su tráfico de llamadas. La pesquisa intenta establecer si recibieron llamadas de alguna autoridad política para sancionar a Urrutia.
De vuelta
Hay que recordar que conocida la resolución de Urrutia de marzo de 2020, donde liberó en el contexto de la pandemia, a 13 sujetos privados de libertad por hechos ocurridos durante el estallido social, se reunió de forma extraordinaria el pleno de la Corte de Santiago.
En él se decidió de oficio trasladar a Urrutia a un tribunal de cobranza, sin que existiera un sumario de por medio y anular la decisión.
Sin embargo, hace algunas semanas -el mismo ampliado-, pero sin la presencia de los querellados, devolvió su cargo a Urrutia, con una resolución que criticaba sutilmente la sanción y el actuar de sus colegas.
Si bien el libelo fue interpuesto en contra de quienes resulten responsables, incluye a los siguientes ministros: Jessica González, Marisol Rojas, Mireya López, Jaime Balmaceda, Alejandro Rivera, Guillermo de La Barra, Miguel Vásquez, Juan Cristóbal Mera, María Soledad Melo, Paola Plaza, Dobra Lusic, María Rosa Kittsteiner, Lilian Leyton, Jenny Book, Gloria Solís, Elsa Barrientos, Inelie Duran, Alberto Amiot, Adelita Ravanales (hoy ministra de la Suprema), Rafael Andrade y Juan Carlos Silva.
