Con arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre ellos quedaron los familiares y conocidos de los acusados del denominado caso Pacogate, que fueron formalizados por lavado de activos y malversación de caudales públicos.
Se les imputó el facilitar los medios para que se concretara la sustracción de estos patrimonios por una suma total que supera los $28.300 millones.
Se trata de 10 civiles que fueron formalizados por la Fiscalía Regional de Magallanes, entidad que les imputó el actual como testaferros de los acusados en el millonario fraude de Carabineros.
En concreto, según la indagación del ente persecutor, estas personas cedieron su nombre para que se concretaran diversos actos de adquisición, ocultamiento y/o disimulación de bienes de origen ilícito, introduciendo de esta manera en el sistema económico financiero y dificultando con ello la trazabilidad del origen de sus incrementos patrimoniales.
Asimismo, que estos fueron generados a partir de la comisión del delito de malversación de caudales públicos desde cuentas institucionales de Carabineros de Chile, de por lo menos $28.348 millones. Así lo explicó la fiscal Karina Guajardo.
Cabe recordar que la principal del denominado Pacogate está a la espera de juicio oral por los delitos malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.
Entre los acusados están el exdirector de Finanzas, Iván Whipple y exjefe de la Unidad de Intendencia de Carabineros, Flavio Echeverría. Estos nombres también serán formalizados en otra arista, que también involucra a la exministra de Justicia, Javiera Blanco.
