En 2020, Chile fue el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con menos confianza en su Gobierno.
Solo un 15% le tenía confianza tras un fuerte deterioro desde 2007, cuando estalló la crisis financiera y todavía generaba confianza en un 43%.
En su informe bienal sobre gobiernos y administración publicado este viernes, la OCDE precisó que en ese periodo solo en Bélgica el empeoramiento de la confianza en el Gobierno ha sido más fuerte, al caer 31 puntos porcentuales hasta el 29%.
También cayó de forma significativa en Costa Rica (17 puntos, al 28%), Colombia (14 puntos, al37 %) y en España (10 puntos, al 38%).
En el conjunto de los países de la OCDE, sin embargo, un 51% de las personas tenía confianza en sus gobiernos en 2020, lo que significa 6,3 puntos porcentuales más que en 2007.
Esa tendencia de mejora fue particularmente marcada en Islandia (35 puntos adicionales al 59 %) y en Alemania (30 puntos, al 65 %). La mayor confianza se registra en Finlandia (81%) y en Luxemburgo (78%).
Lo que más podría llamar la atención es que la opinión mejoró mucho tras la irrupción de la crisis de la covid-19 a comienzos del pasado año.
En términos relativos, ese incremento fue de hasta más de seis puntos porcentuales en junio y julio en países como Luxemburgo, Finlandia y Dinamarca e incluso casi cinco puntos en España.
La organización señaló que los gobiernos han introducido miles de medidas de regulación con carácter de urgencia, algunas inevitables por las circunstancias excepcionales.
Pero la OCDE insiste en que esas medidas especiales tienen que ser limitadas en su alcance y en su vigencia para evitar que se deteriore la percepción de los ciudadanos sobre la transparencia y la pertinencia de la acción de la administración.
Su consejo es centrar los esfuerzos en tres áreas para reforzar la confianza y la transparencia y fortalecer así la democracia, empezando por luchar contra la desinformación.
También considera fundamental fortalecer la representación y la participación, lo que pasa por promover la inclusión de colectivos como mujeres, jóvenes y grupos que estén infrarrepresentados.
La OCDE estimó igualmente que los gobiernos “tienen que aprender a gastar mejor”, es decir, aumentar la eficiencia, asegurarse que las prioridades van al público con más necesidades y mejorar la calidad de los servicios públicos.
En el documento, la OCDE recordó que en los paquetes para hacer frente a la crisis del coronavirus, hasta marzo de este año, los países miembros habían puesto alrededor el equivalente del 16,4% de su producto interior bruto (PIB) en gasto adicional (o por efecto de la disminución de su recaudación).
A eso se añadió otro 10,5% de PIB en otras medidas de liquidez para las empresas, inyecciones de capital, créditos o asunción de deudas.
Las diferencias entre países en este punto son enormes.
Estados Unidos ha llegado a inyectar un 25,5% de su PIB en ese tipo de medidas y un 2,4 % en gasto público adicional e Italia un 8,5% y un 35,3%, respectivamente.
Al mismo tiempo, México únicamente ha puesto un 0,7% y un 1,2 %, respectivamente; y Costa Rica un 1,5 %.
