"Que, por las consideraciones expuestas, normas constitucionales y legales, se declarará válido el proceso de elección de convencionales constituyentes de quince y dieciséis de mayo de dos mil veintiuno y se proclamará como convencionales constituyentes a los ciudadanos que se indicará a continuación", dice el documento del Tricel en sus conclusiones.

Minutos antes de la medianoche de este miércoles, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) ratificó los nombres de los 155 convencionales constituyentes.

El organismo emitió la lista final de los vencedores y certificó tanto el buen uso de cifras repartidoras como la correcta implementación de la paridad.

Esto ocurrió luego que la entidad desestimara las 12 reclamaciones presentadas por candidatos que perdieron los comicios del 15 y 16 de mayo.

Una de las que más atención concitaba estaba en el distrito 13, donde se ubica San Ramón, comuna que deberá repetir la elección de alcaldes y concejales por irregularidades.

De acuerdo a La Tercera, Luis Alejandro Silva, de Vamos Por Chile, reclamó un descuadre de mesas, lo que hacía peligrar la elección de Rodrigo Rojas Vade, de la Lista del Pueblo.

Finalmente, el Tricel desestimó la acción por tres votos contra dos.

Pasos a seguir

El Tricel tiene tres días para informar de su determinación al presidente Sebastián Piñera.

Por su parte, el Mandatario tiene otros tres días para dictar un decreto y así llamar a la primera sesión de la convención.

Hasta ahora, en el mundo político se asume que la primera reunión se llevaría a cabo del 5 de julio, aunque el lugar sigue sin definirse.

Tampoco se tiene claro si habrá juramento de los convencionales ni quien dará el vamos a la instancia nacida del plebiscito de octubre de 2020.

Cuando parta, el grupo, que incluye 17 escaños reservados de pueblos originarios, tendrá nueve meses para producir una propuesta de nueva Constitución.

El plazo será prorrogable una única vez por tres meses, llegando al año de trabajo como máximo.

Una vez entregado el documento, quien sea que gobierne deberá convocar a un nuevo referendo, esta vez con voto obligatorio, para que Chile ratifique si quiere o no una nueva Carta Magna, en reemplazo de la heredada de la dictadura.