La asociación de funcionarios del Tribunal Constitucional envió una carta a los ministros María Pía Silva, Cristián Letelier, Nelson Pozo y Miguel Ángel Fernández, a quienes le preguntan por las denuncias por maltrato laboral contra la presidenta del organismo, María Luisa Brahm, y les advierten que la nueva Constitución les quitará poder y atribuciones.
Es una carta de 19 páginas, los funcionarios sostienen que ellos son afectados por la decisión que toma el pleno, pero puntualmente por los cuatro a quienes va dirigido el documento, por considerar que NO les interesa el mal ambiente laboral. Además, sostienen que a los jueces no les interesa el futuro de los trabajadores.
“Ustedes saben el daño emocional y profesional que se le ha hecho a muchos trabajadores del Tribunal Constitucional”, menciona la carta.
Asimismo, le advierten a los ministros mencionados que ad portas de la nueva Constitución, será esa Carta Magna, la que les quitará el poder y atribuciones que actualmente tienen, ya que “no merecen ser custodios de las leyes fundamentales que nos regirán en un futuro cercano”.
Los funcionarios mencionaron que son los ministros citados en esta carta, quienes nunca han reconocido que el Tribunal Constitucional está en su peor crisis de sus 50 años de historia .
Dentro de las preguntas que le hacen a los ministros está “¿Considera correcto que la ministra Brahm siga siendo la presidenta del TC?, ¿Qué argumentos respaldan su voto de inocencia a los cargos imputados a la jefa de gabinete de la ministra Brahm, Claudia Vélez?”.
Recordemos que se abrieron diversos sumarios administrativo contra la presidenta del TC, María Luisa Brahm, por acoso laboral contra funcionarios y extrabajadores del órgano jurisdiccional. La semana pasada, la primera sala del tribunal, acogió sancionar por censura, y por escrito, por maltrato.
También se abrió un sumario contra su jefa de gabinete, Claudia Vélez, por maltrato y hubo tres votos a favor.
Recordemos que hay dos investigaciones penales a la fecha por el TC. Una, después de que la propia Brahm denunciara en un medio de comunicación que en la gestión anterior (la del ministro Iván Aróstica), habían situaciones al límite de la corrupción, y otra por un allanamiento presuntamente ilegal autorizado por Brahm.
