Los abogados y representantes del periodista Mauricio Weibel solicitaron una audiencia al presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, para plantear “inquietudes” por el actuar del ministro Juan Antonio Poblete.
La petición se da en el marco de la causa por interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones que pesa sobre el Ejército, por haber “pinchado” el teléfono de cuatro militares que denunciaron casos de corrupción y el del profesional que destapó en 2015 el denominado Milicogate.
Quien autorizó dichas escuchas fue justamente el ministro Juan Antonio Poblete. El magistrado expuso el 20 de abril recién pasado ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados, ocasión en la que -según distintas fuentes consultadas por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío- aseguró que nunca fue engañado por el Ejército.
En efecto, en la cita explicó que si bien la solicitud en papel no traía impreso escrito el nombre verdadero del profesional sino el de una supuesta agente extranjera, siempre fue informado que se trataba de este último. En otras palabras, diferenció la petición de su resolución.
Asimismo, dijo haber sido informado que la solicitud del espionaje militar buscaba interceptar las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel, debido a que en sus investigaciones había revelado documentación que -a juicio del Ejército- podían vulnerar la seguridad nacional.
La molestia
Pese a comparecer ante el Congreso, el magistrado se encuentra “inubicable” para prestar su declaración ante la Fiscalía, situación que molestó a los abogados de Weibel.
Ello los llevó a enviar la carta al presidente de la Corte Suprema, para solicitar una audiencia, “en particular atención a que la resolución que autorizó los hechos perpetrados en contra de nuestro representado fue suscrita por un Sr. Ministro de Corte”.
“Venimos en solicitar a Ud., una audiencia telemática, para plantearle directamente nuestras inquietudes respecto de los antecedentes que obran en el proceso penal y en especial la participación y resolución del Ministro Sr. Poblete”, versa el escrito.
Consultada la abogada de Weibel, Karinna Fernández, sostuvo que la solicitud se da para expresar su preocupación respecto de si Poblete autorizó o no “el espionaje a una persona con garantías reforzadas, como nuestro representado, en su calidad de periodista y defensor derechos humanos, y además su familia, integrada por niños, niñas y adolescentes”.
“Aquí lo central es que, tal como ha dicho la Corte Suprema en su Pleno, es obligación de todos los actores estatales y en particular de quienes integran el Poder Judicial, realizar un control de convencionalidad siempre previo a cualquiera de sus decisiones”, sostuvo.
Es decir, añade, revisar “si una decisión vulnera o no los derechos fundamentales y nosotros afirmamos ciertamente que el señor Poblete no lo hizo, no miró las garantías reforzadas de a quienes ordenó espiar”.
En esa línea, sostiene que esperan conversar con el superior jerárquico del magistrado, aunque, indica, aun no han recibido respuesta alguna del máximo tribunal del país.
Hasta el cierre de esta edición y pese a los intentos, BioBioChile no pudo obtener una versión del ministro Poblete.
