La presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, anunció acciones legales tras las denuncia que se conoció ayer martes, por un supuesto allanamiento ilegal registrado en febrero de 2020 a las oficinas de los ministros de este órgano.

En una reunión con el pleno del TC, Brahm desmintió los hechos denunciados y dijo que presentaría acciones legales por la filtración de esta acusación, como por ejemplo una querella criminal.

Ayer martes, se filtró la denuncia hecha por la secretaría del TC, María Angélica Barriga, quien acusó que en febrero de 2020 entraron al edificio de la entidad funcionarios de la Policía de Investigaciones, y registraron las oficinas de los ministros.

Además, según acusó la secretaria del TC, los policías no dejaron registros, precisando que incluso Claudia Vélez, jefa de Gabinete de la presidenta, María Luisa Brahm, pidió a los guardias del tribunal no dejar registro de la presencia de los detectives

Ante esta denuncia, el Ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vásquez, tildó de ilegal e irregular el ingreso -presuntamente- de funcionarios de la PDI a sus despachos en febrero de 2020.

El ministro Vásquez enfatizó que se tendrá que investigar la entrada de este personal al tribunal porque no contaban con la autorización previa y que ellos no fueron avisados previamente.

También, el juez constitucional recordó que estos allanamientos se producen cuando hay una investigación en marcha o cuando hay delitos flagrantes, por lo que la situación es bastante grave, no solo por el hecho, sino que por la conducción de la jefa de gabinete de Brahm, Claudia Vélez, quien además solicitó a los guardias y gendarmes que no dejen constancia de este ingreso.

Consultado por los posibles delitos que se puedan configurar, apuntó hacia la violación de morada o allanamiento o usurpación de funciones.

En tanto, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marisol Peña, enfatizó que parece que se han tenido que acostumbrar en el último tiempo a situaciones que vulneran los derechos de los trabajadores y ahora a la protección de la privacidad al interior del TC.

Asimismo, dijo que espera que la indagación arroje luces de lo sucedido, en defensa de la institucionalidad de la justicia constitucional de Chile que han tratado de preservar.

Por su parte, el director general de la PDI, Héctor Espinoza, sostuvo que ellos no son una policía autónoma y que cumplen instrucciones, pero sostuvo que no se referirá a la situación porque es un proceso en curso.

Como se mencionó, se abrió un sumario administrativo contra Brahm por este eventual “allanamiento ilegal” y en materia penal también hay novedades porque se espera que hoy la secretaria del TC haga la denuncia formal ante el Ministerio Público.