La Superintendencia de Salud cursó —durante 2020— 58 sanciones a clínicas por supeditar la entrega de prestaciones de urgencia a un pagaré, dinero en efectivo o cheque en garantía. Las multas sumaron un total de 1.244 millones de pesos durante el año pasado, lo que corresponde a cifras históricas.

En ese sentido, y según datos entregados por el organismo, la Clínica Dávila encabeza el registro, acumulando un total de 34 sanciones con multas por $737 millones; le sigue la Clínica Tabancura y Clínica Bicentenario, con cuatro sanciones de $113 millones y 87,7 millones respectivamente.

El superintendente de Salud, Patricio Fernández, informó que dichas multas sumaron un total de $1.244 millones, por lo cual se incrementaron con respecto a las sanciones cursadas durante el 2019.

“Esta cantidad de multas aplicadas incrementa aún las que ya habíamos aplicado en el año 2019, que se aplicaron un total de 32 multas por un total de 15.340 UTM. Acá lo destacable es que la Superintendencia de Salud generó cambios administrativos internos que permitieron crear una unidad específica de sanciones que es la encargada de llevar adelante los resultados de estas reclamaciones”, sostuvo.

El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios, Stefan Larenas, acogió la propuesta del senador Guido Guirardi (PPD) sobre penalizar con cárcel a aquellos directores de los hospitales clínicos que permiten estas prácticas.

“Las clínicas no entienden y solamente pagan las multas. La propuesta del senador Girardi puede parecer apropiada, ya que además de las multas debiese haber cárcel para los directores de los hospitales de las clínicas que permitieron determinar este abuso”, declaró.

A través de un comunicado de prensa Clínica Dávila señaló que “la gran mayoría de estas multas corresponde a una misma y particular situación referida a un proceso administrativo de ingreso de pacientes en el Servicio de Urgencia durante un período anterior al año 2020, consecuencia de un cambio de criterio aplicado por la Superintendencia”.

Si se considera que la suma de las sanciones por este concepto entre 2016 y 2020 alcanza $2.525 millones, las multas del año pasado representan el 49% de las cursadas en todo el período.