La querella se tramita en absoluta reserva y acusa a miembros de la inteligencia del Ejército de espiar no sólo al periodista que destapó el Milicogate, sino también a la "jueza de hierro" que hoy lleva a uniformados al banquillo de los acusados por casos de corrupción en las filas.
Una querella criminal presentada por el periodista Mauricio Weibel podría ser clave para investigar el posible espionaje que sufrió la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien indaga casos de corrupción en el Ejército.
La denominada “jueza de hierro” ha destacado por su labor que la llevó a procesar a altos cargos castrenses, como los generales en retiro Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo, por el denominado Milicogate.
Sin embargo, su labor no sólo le ha valido el reconocimiento en los tribunales, sino que también al parecer atrajo la atención de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), según se apunta en la querella que interpuso Weibel, y que fue declarada admisible bajo reserva por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el pasado 8 de febrero.
El Séptimo Tribunal de Garantía declaró admisible la querella que interpuse contra las autoridades del ejército por el espionaje del que fui objeto los últimos años, producto de las investigaciones que realicé desde 2015 sobre corrupción castrense (Milicogate).
Abro hilo
— Mauricio Weibel Barahona (@mauricio_weibel) February 12, 2021
Se trata de una querella criminal en contra de los “autores, cómplices y encubridores del delito de interceptación y captación maliciosa de las telecomunicaciones”, que habría afectado al periodista por parte de efectivos militares, tras la investigación y publicación de casos de corrupción que involucran a mandos del Ejército.
En esa línea, el texto legal -al que accedió la Unidad de Reportajes de BioBioChile- apunta no sólo a los funcionarios de la institución castrense, sino que también a las autoridades civiles que eventualmente dieron su visto bueno al posible espionaje.
“A mediados del año 2016 me percaté que era objeto de seguimientos, rostros de sujetos se van repitiendo en mi quehacer cotidiano en distintos lugares y, a su vez, fuentes reservadas me confirman que soy objeto de vigilancia por funcionarios de Inteligencia militar”, señala Weibel.
Sus sospechas se confirmaron luego que distintos medios de prensa, entre ellos la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, publicaran respecto al seguimiento e interceptación de llamadas telefónicas de al menos cuatro militares que denunciaron casos de corrupción institucional, tanto de forma pública como judicial.
Otros medios, como diario La Tercera, revelaron asimismo la “Operación W” realizada por agentes de la DINE en contra del periodista, cuya inicial de su apellido fue usado como nombre en clave.
Según el matutino, fuentes al interior del Ejército confirmaron que Weibel fue víctima de interceptaciones telefónicas y seguimientos desde la Dirección de Inteligencia.
Incluso, el entonces ministro de Defensa, Alberto Espina, “defendió las tareas de espionaje denunciadas”, asegurando que el Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Martínez Menanteau, le indicó que tales actividades fueron autorizadas por un Ministro de Corte de Apelaciones” -lo que en definitiva es un reconocimiento de los hechos que sustentan esta acción penal”, destaca la querella.
Rutherford, la otra víctima
Pero más allá de la acusación contra el Ejército por intentar impedir las denuncias y encubrir eventuales ilícitos, en la querella se destaca a otra víctima del espionaje militar: la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti.
De hecho, la jueza cuenta actualmente con escolta o protección policial, situación que no había vivido antes, ni cuando en su calidad de jueza del 2° Juzgado del Crimen de Santiago procesó al al clan Mazza y ordenó la incautación de $300 millones de dólares.
Tras el primer procesamiento que hizo en contra de un militar, el general en retiro Héctor Ureta, dos funcionarios de la PDI la acompañan desde su domicilio hasta los Tribunales, especialmente luego de amenazadores mensajes que ha recibido.
Justamente en esa época, un agente de la DINE fue sorprendido por carabineros vigilando fuera del despacho de la ministra Rutherford. Aunque según la querella, al menos desde 2019 agentes de dicho organismo de inteligencia del Ejército se habrían apostado jornadas completas en las afueras del tribunal, en la intersección de calles Morandé con Compañía de Jesús, en la comuna de Santiago, con la aparente finalidad de vigilar a quienes iban a declarar o denunciar en el marco del Milicogate.
En esa época, la DINE era dirigida por el general de Brigada Schafik Nazal Lázaro, quien dependía del Jefe del Estado Mayor General del Ejército, cargo a la época que ostentaba el general de División, Ricardo Martínez Menanteau.
En conversación con BioBioChile, el abogado que representa al periodista Mauricio Weibel, Cristián Cruz, asevera que “nos hemos encontrado con antecedentes que dan cuenta que algunas de esas actividades intrusivas, que también dicen relación con las actividades de la ministra Rutherford, es decir, que ella también habría sido espiada u objeto de seguimiento a lo menos de interés por parte de funcionarios del Ejército, lo cual es gravísimo”.
“Una autoridad judicial no puede ser objeto de ninguna medida intrusiva, de espionaje, de seguimiento por parte de órganos del Estado, mucho menos de las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando aquí no hay un argumento a que la seguridad nacional esté en juego por elementos externos, aquí lo que se ha indagado por el Poder Judicial son casos de corrupción”, cuestiona.
¿En qué casos se puede espiar?
De acuerdo a la legislación, las acciones intrusivas sólo son posibles de aplicar cuando el objetivo es detectar, neutralizar y contrarrestar las actividades que puedan afectar la Defensa Nacional.
Así también cuando se precise obtener información “estrictamente indispensable para el cumplimento de los objetivos” del Sistema de Inteligencia, que son “el resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”.
Estas acciones deben ser autorizadas por un tribunal, por lo que será crucial determinar cómo la DINE obtuvo dicha autorización, si es que efectivamente fueron solicitadas al Poder Judicial o si actuaron por cuenta propia.
Por lo mismo, el abogado Cruz asegura que “esta querella pretende que se investigue y sancione actividades de espionaje del orden militar realizadas por el Ejército de Chile, puntualmente por agentes del DINE, en contra de un periodista que lo que hacía era investigar delitos del orden económico y patrimonial, perpetrados al interior de esa institución castrense y por los respectivos mandos”.
“No se trataba de investigar eventualmente a un cabo o a un soldado, sino que reportear para informar graves casos de corrupción al interior del Ejército”, insiste, agregando que “más bien hay un interés en resguardar la imagen de determinados mandos castrenses que por acción u omisión se han visto involucrados o no han sabido frenar la corrupción al interior del Ejército”.
Las diligencias
Por lo mismo, la querella solicita diversas diligencias para aclarar lo sucedido con Mauricio Weibel, y que también afectó a la ministra Romy Rutherford.
Entre ellas se cuenta el envío de sendos oficios a la Corte de Apelaciones, para determinar qué ministro eventualmente pudo haber autorizado el espionaje; y a la Fiscalía, para que informe sobre la existencia de investigaciones criminales en contra de Weibel, en las que se haya utilizado información proporcionada por la DINE a raíz de las interceptaciones y acciones de espionaje que sufrió entre 2016 y 2019.
Asimismo, se pide oficiar a la Dirección de Inteligencia del Ejército y al Jefe del Estado Mayor General del Ejército para que informen en detalle sobre la denuncia, remitiendo todos los antecedentes que posean de la “Operación W” y todos los antecedentes obtenidos de sus espionajes.
Pero además, el texto pide citar a declarar a los generales Guillermo Paiva Hernández, como jefe de la DINE en 2019, como también a Ricardo Martínez Menanteau y Schafik Nazal Lázaro.
Al respecto, Cristián Cruz enfatiza en que “mediante la interposición de esta querella, lo que corresponde es que el Ministerio Público investigue para en su momento poder acusar e incluso condenar a los responsables. Y obviamente esperamos que el Poder Judicial también reaccione cuando se entere, porque esto no es un hecho menor, esto es un hecho grave”.
Consultados por BioBioChile, desde el Ejército indicaron que debido a que los hechos son parte de una investigación judicial en curso, la Institución está impedida a pronunciarse al respecto.
