La Contraloría General de la República (CGR) resolvió rechazar la compra de cámaras de vigilancia adquiridas por la Subsecretaría de Prevención del Delito, liderada por la RN Katherine Martorell, por 1.400 millones de pesos.
La decisión adoptada por el organismo fiscalizador fue notificada a la entidad el pasado martes 2 de octubre, de acuerdo al documento al que tuvo acceso la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
Vea al documento completo:
Básicamente, la entidad de control cuestionó que la empresa Ingesmart no habría cumplido con lo establecido en el contrato y que además los productos presentarían dificultades para establecer la interoperabilidad con el sistema de control externo.
“En efecto de los antecedentes obtenidos a la vista, aparece que la empresa adjudicataria concurrió a la firma del contrato comprometiéndose -en el número Nº1 de la cláusula tercera del mismo y tal como lo exigían las bases- a efectuarse la integración de las nuevas cámaras con los sistemas ya existentes pese a que a esa data tenía conocimiento de que no podría cumplir con dicha exigencia”, señala el texto.
Al mismo tiempo, la Contraloría cuestionó que la “garantía de fiel cumplimiento” que Ingesmart debía constituir no se apega a la legalidad.
“Además, atendida la época en que entraría en vigencia el convenio que se aprueba, determinada en su cláusula séptima la garantía de fiel y oportuno cumplimento del contrato, no cubre completamente el plazo de duración de dicha convención, más 60 días hábiles, según lo exige la cláusula duodécima del mismo”, establece la notificación.
Según la información obtenida por este medio, la decisión de la entidad dirigida por Jorge Bermúdez provocó preocupación a Martorell y al equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. De hecho, el nerviosismo al interior del piso 5 del edificio Moneda Bicentenario se escuchó incluso al frente, en el Palacio de La Moneda.
Las cámaras HIKVision son de origen chino, prohibidas en Estados Unidos y fueron vetadas en el estándar internacional de televigilancia. Esto porque presentan problemas en su sistema informático. Además, en medios especializados en seguridad telemática, son acusadas de espionaje de estos dispositivos.
Al respecto de esta situación, desde la Subsecretaría señalaron a la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío que las observaciones de Contraloría serán subsanadas durante los próximos días.
“Las bases de licitación para la adquisición de las cámaras fueron aprobadas por la Contraloría en el mes de enero del 2020 y los contratos respectivos ingresados en septiembre al mismo organismo”, indicaron.
“Las observaciones realizadas por el ente contralor serán subsanadas en los próximos días, a fin de reingresar los contratos a la brevedad”, agregaron.
Otro dolor de cabeza
La negativa a la toma de razón de este millonario proyecto se suma a la investigación por presuntos delitos de corrupción que lleva la Fiscalía Centro Norte en contra de la misma subsecretaria que incluye a cinco miembros de la comisión evaluadora que resolvió adquirir 300 cámaras corporales Motorola por 378 millones de pesos en abril pasado.
Estos aparatos se han convertido en un dolor de cabeza para Carabineros de Chile, ya que el sistema de administración de imágenes aún no se encuentra totalmente operativo, aún cuando han transcurrido casi seis meses, tal como lo informó este medio.
Tras esta publicación de La Radio, desde la empresa aludida respondieron lo siguiente:
Respecto a las menciones de Hikvision en relación a la licitación por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito es necesario aclarar lo siguiente:
Las amenazas de ciberseguridad son un desafío constante para todas las compañías que se desempeñan en este rubro, sin excepción. Es por esto que Hikvision está trabajando activamente con asociaciones de ciberseguridad para mitigar estas amenazas, replicar buenas prácticas y para certificar la seguridad de sus equipos a través de organismos norteamericanos y a nivel mundial.
En relación a las certificaciones correspondientes, Hikvision cuenta con la certificación del Estándar Federal de Procesamiento de Información (FIPS, por sus siglas en inglés) 140-2, que es un estándar del gobierno de Estados Unidos utilizado para evaluar y validar la encriptación. Junto a esto, Hikvision ha obtenido los principales certificados de la industria, como los ISO 27001, ISO 9001: 2008 y CMMI Nivel 5.
Hikvision transparenta sus esfuerzos por mitigar estas amenazas a través de la publicación de un white paper actualizado de ciberseguridad que ilustra de manera exhaustiva las amenazas de seguridad actuales para IoT y los desafíos relevantes para toda la industria de la seguridad, y comparte los esfuerzos continuos de la marca para mejorar sus sistemas.
Junto a lo anterior, Hikvision, en su compromiso con la seguridad y transparencia de sus productos, cuenta con un Centro de Transparencia del Código de Fuente ubicado en California, Estados Unidos, donde se realiza el monitoreo oportuno de la seguridad de los equipos.
Pese a contar con los certificados correspondientes, al igual que otras empresas de alta tecnología de origen asiático, Hikvision se ha visto afectada por la situación política-económica actual entre Estados Unidos y China, lo que ha traído como consecuencia el bloqueo comercial.
Hikvision es el proveedor de IOT y fabricante de cámaras de televigilancia número uno del mundo. Desde el año 2016, en que se estableció su oficina local en Chile a la fecha, Hikvision ha tenido un crecimiento de más del 40%, lo que reafirma la calidad, seguridad y posicionamiento de sus equipos y soluciones a nivel nacional.
