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  • Pese a que los aparatos fueron adquiridos en abril pasado por la Subsecretaría de Prevención del Delito, aún el software de administración de imágenes -ubicado en la 50º Comisaría- no está totalmente operativo y presenta problemas de seguridad y trazabilidad de los registros. El capitán Manuel Arenas advirtió en varias oportunidades a la superioridad que los videos podían ser compartidos hasta por Whatsapp, pero de nada sirvió. A principios de septiembre, luego de ser severamente reprendido por insistir en la existencia de las fallas, fue trasladado a la comisaría de Bajos de Mena. Las deficiencias llegaron a oídos del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma, quien investiga el delito de fraude al fisco en la compra de las cámaras Motorola. El perseguidor se constituyó con la PDI en la unidad policial para determinar los problemas de software, entre otros. E interrogó a una serie de uniformados. Se trata de una historia donde empleados de Motorola revisan de madrugada los videos secretos de la policía y un excomandante conocido como “el prefecto del amor”, es el ejecutivo a cargo del proyecto. El caso lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    Las 300 cámaras corporales Motorola que compró la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) por $378 millones en abril pasado, se han convertido en un dolor de cabeza para Carabineros. Y esto porque transcurridos casi 6 meses desde su adquisición, el software para la administración de imágenes que funciona en la 50º Comisaría aún no está totalmente operativo y presenta problemas de seguridad.

    De acuerdo a la información obtenida por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, el programa arroja fallas en la trazabilidad de los videos que deben ser enviados al Ministerio Público o Fiscalía Militar, entre otras vulnerabilidades.

    Por ejemplo, cuando un carabinero graba un procedimiento con la cámara, este último registro es alojado en un servidor administrado por un software conocido como “videomanager”. El sistema rotula de inmediato el archivo y crea un link, que se constituye inmediatamente como una cadena de custodia.

    Pues bien, el vínculo digital debería llegar al fiscal del caso para evitar que se filtre la prueba o bien pueda ser adulterada, pero en los hechos, el programa permitiría compartirlo con varias personas sin dejar registro de ello. A su vez, los receptores pueden fácilmente compartirlo por las redes sociales y aplicaciones de mensajería. Es más, tampoco cuenta con sello de agua.

    Este y otros problemas fueron alertados en más de una oportunidad por el capitán Manuel Arenas de la sección de “monitoreo” e informados al comandante Juan Carlos Banda Marín, jefe del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI) de Carabineros.

    Sin embargo, a fines de agosto, en una reunión que se desarrolló en la 28º Comisaría de Fuerzas Especiales (FFEE), Banda Marín perdió los estribos y reprendió duramente al capitán Arenas, porque a su juicio, el sistema funcionaba sin problemas y que de continuar cuestionando la viabilidad del proyecto, ponía a Carabineros en una situación incómoda con la autoridad política.

    Por esta razón, Arenas denunció a su superior por maltrato a un subordinado y se inició una investigación interna para aclarar los hechos, pero también para establecer si Motorola ha incumplido el contrato.

    El 4 de septiembre se realizó una nueva reunión en la 50º Comisaría, tal como da cuenta el acta preparada por Motorola a la que accedió este medio, donde participaron Banda, Arenas, Guillermo Miranda de la SPD y Jaime Ampuero por Motorola.

    En la sesión volvieron a tratarse los problemas de seguridad advertidos y se adoptaron compromisos para seguir trabajando en el mejoramiento del software, que debió estar operativo hace varios meses, tal como indica el contrato de Motorola con la SPD y las bases de licitación.

    Vea el acta completa

    Terminado el encuentro, el comandante Banda le informó al capitán Arenas que, previa conversación con el director de Orden y Seguridad, el general Ricardo Yañez Reveco, se había tomado la decisión de trasladarlo a la comisaría de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto.

    Al interior de la unidad, la decisión fue un balde de agua fría por el ascendiente de Arenas con el personal e interpretada como un castigo.
    Carabineros reconoció que existe una investigación por la denuncia de Arenas y que su traslado estaba en conocimiento del general Yáñez, quien personalmente ordenó notificar su cambio de dependencia.

    Sin embargo, aseguran que no se trata de un castigo, sino de una medida lógica, ya que al existir una indagatoria en curso, ambas personas no pueden trabajar bajo el mismo techo.

    Al mismo tiempo, se explicó que el traslado se produjo “conforme al perfil del cargo”.

    “Se determinó que debía ser ocupado por un oficial Jefe, del grado mayor o comandante”, respondieron desde la institución.

    A renglón seguido, se indicó que “el sistema se encuentra en etapa de implementación y actualmente nos encontramos trabajando en ello”. En otras palabras, no funciona como debiera.

    Diligencia

    Arenas, un oficial operativo, estaba dedicado desde junio pasado de manera exclusiva a sacar adelante el sistema de Motorola y antes lo estuvo con las 300 cámaras Axon que adquirió la policía uniformada en enero de 2020. Para ello, incluso fue certificado por la empresa estadounidense.

    Las falencias de seguridad llegaron a oídos del fiscal Centro Norte Francisco Ledezma, quien sustancia una investigación por fraude al fisco, a raíz de una querella presentada por la empresa Pegasus, firma que quedó fuera de la licitación que ganó Motorola.

    Por esta razón el perseguidor penal concurrió el pasado 25 de septiembre a la 50º Comisaría acompañado por funcionarios de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac) y grabó íntegramente la diligencia, en especial el funcionamiento del software.

    Vea el acta de julio de 2020

    De acuerdo a la información recabada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Ledezma ya interrogó al capitán Arenas y a un ingeniero informático de la repartición policial. En ambos testimonios quedaron registradas las anomalías denunciadas por el oficial.

    Hay que recordar que el libelo interpuesto por Pegasus está dirigido en contra de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN) y los cinco miembros de la Comisión Evaluadora de la licitación, como presuntos autores de fraude al fisco, falsificación y prevaricación administrativa, tal como lo reveló este medio el 30 de junio pasado.

    No ha sido la única pesquisa que ha realizado Ledezma. El 26 de agosto envió a la Brilac a la SPD e incautó las computadoras de todos los involucrados en la licitación e hizo una “copia forense” del teléfono celular de Martorell. Elementos que entregaron de forma voluntaria en dicha entidad.

    Los espías

    La puesta en marcha del sistema para administrar las imágenes de las cámaras ha tenido de todo. Entre otras situaciones a solucionar, que los empleados de Motorola no tuvieran acceso íntegro al sistema como “administradores”, ya que la información alojada en la nube tiene carácter secreto.

    Pues bien, hace algunas semanas y durante la madrugada un empleado de la firma fue sorprendido mirando videos operativos de Carabineros sin explicación hasta ahora.

    Por esta razón se inició un sumario interno para determinar el porqué del “paseo” en el servidor que aloja los registros.

    El prefecto del amor

    El gerente de Motorola que lleva la “cuenta” de Carabineros es Ramón Bórquez Bustos.

    Se trata de un exoficial de la institución que llegó a comandante y que entre sus pares es conocido como el “prefecto del amor”, a raíz de un video que circula en You Tube.

    Vea el video

    Este último es hermano de Claudio Bórquez Bustos, quien fuera el jefe de escoltas del segundo período de Michelle Bachelet, quien lo ascendió a general a finales de 2017.

    Debido a la crisis institucional que provocó el caso “paco gate” por el robo de más de $30 mil millones de platas fiscales, y la salida de Bruno Villalobos, el gobierno determinó que Bórquez sea incluido en la lista de retiros en marzo de 2018. Es decir, duró tres meses como general.

    Todo en orden

    La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío consultó el viernes 2 de octubre a la Subsecretaría de Prevención del Delito respecto a las falencias que presenta el sistema que adquirió en abril pasado.

    Al respecto se indicó que se han realizado una serie de reuniones de coordinación entre las partes involucradas para implementar correctamente el proyecto y que se cumpla el contrato.

    Inquirida por las advertencias formuladas por el capitán Arenas, desde la SPD se indicó que tenían conocimiento desde el pasado 3 de julio.

    “Estas observaciones o consultas son normales en el marco de la ejecución de un contrato que tiene casi completamente un componente tecnológico y, por lo tanto, en las reuniones sostenidas entre la empresa, la contraparte técnica de la SPD y Carabineros se han ido afinando detalles respecto de los aspectos que son propios de la puesta en marcha del sistema”, señala la respuesta.

    En torno a si actualmente existe personal capacitado para llevar adelante el programa Motorola, la SPD agregó: “Actualmente se está desarrollando el proceso de capacitación de acuerdo al cronograma establecido, en los distintos niveles de usuario de Video Manager (…) y que se capacitará a los operadores que recién se han incorporado y a aquellos que no han podido participar de las capacitaciones, según consta en acta de última reunión sostenida entre la empresa, Carabineros y esta Subsecretaría”.

    Por último, se señaló que no se han cursado multas por atrasos o incumplimientos de contrato a Motorola, pese a que han transcurrido medio año y todavía no pueden ser usadas las cámaras.

    Este medio contactó al capitán Arenas, quien explicó que cualquier información debía entregarla la institución a la que pertenece.

    Lo propio se hizo con Motorola, pero hasta el cierre de esta edición evaluaban una respuesta.

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