Notable abandono de deberes. Ese es el principal fundamento de la acusación constitucional que ingresará Renovación Nacional en contra de la jueza Silvana Donoso, quien presidía la comisión que le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, imputado por el crimen de Ámbar Cornejo.
El libelo acusatorio se ingresará este jueves y ya cuenta con apoyo del oficialismo, sin embargo, desde la oposición existen posturas contrarias.
Por otro lado, el caso de la joven de 16 años abrió el debate en el Congreso Nacional para darle celeridad a ciertas leyes. Una de ellas es el proyecto que prohíbe que condenados por femicidio, homicidio o violación, puedan optar a la libertad condicional.
Durante la jornada de este martes el oficialismo mostró un borrador de lo que sería la acusación constitucional en contra de Silvana Donoso, jueza que en 2016 presidió la comisión que le otorgó la libertad condicional a Hugo Bustamante, imputado por el crimen de la joven Ámbar Cornejo.
Recordemos que en esa fecha, el acusado había postulado a este beneficio, luego de cumplir 11 años de su condena por darle muerte a su pareja y al hijo de ella de 9 años.
Finalmente la comisión encargada de deliberar en el caso lo dejó en libertad y, de acuerdo a los antecedentes, no se tomó en consideración el informe negativo de Gendarmería, el que señalaba que Bustamante no contaba con las características para estar en libertad.
Lo anterior corresponde a uno de los argumentos del oficialismo para acusar constitucionalmente a la magistrado. De acuerdo al diputado Andrés Longton (RN), esto constituye un notable abandono de deberes.
“Una muerte que se podría haber evitado. Un tipo con ese nivel de psicopatía y con nula capacidad de arrepentimiento y reconocimiento de sus hechos tal cual como lo informaba Gendarmería en aquella época, informe que ella tuvo a la vista (…). Ella optó por apartarse de forma deliberada y arbitraria del texto de la ley”, sostuvo.
Longton también señaló que la jueza constituye un peligro para la sociedad y además entregó antecedentes de otros casos a los que habría accedido para otorgar libertades condicionales.
Dijo que Donoso habría omitido cerca de 500 informes negativos, algo que estaría dentro del libelo acusatorio, argumentando un “comportamiento recurrente”.
Por su parte, el diputado Osvaldo Urrutia (UDI), uno de los parlamentarios que decidió adherirse a la acción, señaló que el actuar de Donoso se aleja del criterio político, pese a que los informes de Gendarmería no son vinculantes.
“Durante 91 años todos los ministros de Corte que aplicaron este decreto, aplicaron un criterio jurídico similar, escuchando el informe disciplinario de Gendarmería, y las consecuencias las estamos pagando después del año 2016, cuando esta jueza no aplicó un criterio adecuado”, aseguró.
En caso de aprobarse esta acusación, la funcionaria no podrá ejercer cargos públicos por el plazo de cinco años. Para que esta acusación prospere, se requiere de los votos favorables de la mayoría de los presentes.
En ese sentido, el oficialismo cuenta con poco apoyo. Solo la Democracia Cristiana y algunos parlamentarios del bloque se han mostrado a favor.
Sin embargo, varios parlamentarios del Partido Socialista, del Frente Amplio y de Partido Por la Democracia han manifestado su negativa para tramitar este libelo.
Por ejemplo, el diputado independiente y jefe de la Bancada del PPD, Raúl Soto, señaló que su comité tomará distancia de esta acusación, señalando que el oficialismo está aprovechándose políticamente del hecho.
“La misma derecha que en su momento se negó a cambiar la legislación chilena para endurecerla y para subir los requisitos que se exigen para eventuales libertades condicionales, hoy están tratando de lavar y limpiar su imagen con un verdadero volador de luces que sería esta acusación constitucional que están impulsando desde RN y Evópoli. Por eso, como bancada del PPD tomamos distancia de esa situación”, indicó.
En tanto, la diputada Maite Orsini (RD) señaló que el problema no recae en la magistrado e invitó a los parlamentarios a apoyar otras iniciativas.
“Es un error creer que el problema recae en una jueza en particular. El problema que tenemos es de un sistema judicial y de un aparato estatal en general que no se acerca a esta problemática desde una perspectiva de género”, adujo.
Además, mencionó: “Yo espero que el oficialismo, más que levantar iniciativas que parecen ser más bien un voladero de luces, le dé más celeridad a proyectos como el de una Ley integral para una vida libre de violencia, el proyecto de ley ‘sin consentimiento es violación"”.
Justamente, este martes algunas parlamentarias de Renovación Nacional solicitaron al Gobierno a que le entregue urgencia al proyecto que prohíbe conceder la libertad condicional a aquellas personas condenadas por violación, femicidios, homicidios, entre otros crímenes graves.
Ante la solicitud, el subsecretario de la Segpres, Juan José Ossa, señaló que el Ejecutivo está disponible a trabajar en conjunto respecto de la iniciativa.
“Nuestro compromiso es analizar con total profundidad este nuevo instrumento legislativo y trabajar en conjunto con las diputadas y el resto de los parlamentarios y el Poder Judicial para seguir avanzando en instrumentos que impidan que volvamos a ver crímenes tan atroces como el de Ámbar”, puntualizó.
Este martes el Gobierno le quitó la urgencia al proyecto que impide rebajar condenas a autores de delitos de abuso sexual en contra de menores.
Esto, luego de diversas críticas al Ejecutivo, ya que no se condice esa iniciativa con el caso de Ámbar. De hecho se había señalado que era otra especie de “voladores de luces”. Como sea, ya está tomando fuerza esta acusación constitucional que sería presentada el jueves de esta semana.
