Diputados rechazaron las palabras del ministro Hernán Larraín, quien respaldó la decisión de la jueza Silvana Donoso de conceder la libertad condicional a Hugo Bustamante en 2016, único acusado por el crimen de Ámbar Cornejo.
Parlamentarios acusaron que la jueza habría continuado propiciando la libertad de personas con informes desfavorables de Gendarmería, pese a la modificación del Decreto Ley 321, que establece el beneficio.
Una serie de cuestionamientos políticos ha provocado el asesinato de la joven de 16 años, Ámbar Cornejo en Villa Alemana, cuyo caso tiene de momento como único imputado a Hugo Bustamante, quien gozaba de libertad condicional desde 2016.
Hecho que ha conmocionado al país y que ha centrado sus críticas en el Poder Judicial, particularmente en la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Silvana Donoso, quien presidía la comisión compuesta por otros cuatro magistrados que analizó y otorgó la libertad condicional a Bustamante, pese a un informe desfavorable de Gendarmería.
Determinación que, según el ministro de Justicia, Hernán Larraín, se ajustaba a la normativa vigente de ese tiempo, destacando además la modificación que tuvo el Decreto Ley 321 en 2019, que endureció los requisitos para acceder a la libertad condicional, que pasó de ser un “derecho” a un “beneficio”, de acuerdo al secretario de Estado.
Sin embargo, esta explicación fue desestimada por el diputado RN Andrés Longton, quien anunció la presentación de una acusación constitucional contra la jueza Silvana Donoso por “notable abandono de deberes”.
En ese sentido, el parlamentario acusó que, pese a la modificación de la norma, la magistrada ha continuado concediendo la libertad condicional a personas que cuentan con informes psicosociales negativos por parte de Gendarmería.
Valoración que fue compartida por el diputado de la UDI, Osvaldo Urrutia, quien afirmó haber hablado en 2016 con la jueza Silvana Donoso en relación a la liberación de Hugo Bustamante y de otros 788 reos de Valparaíso.
Otras de las acciones que han planteado los parlamentarios en relación al crimen de Ámbar Cornejo es la comisión Especial Investigadora que impulsan el diputado RN Andrés Celis y la PPD Carolina Marzán, para indagar responsabilidades institucionales en el caso.
Instancia que para su concreción requiere de 65 firmas en la Cámara Baja y que de todos modos no busca intervenir en la independencia del Poder Judicial, según aclaró la diputada Carolina Marzán.
Hugo Bustamante, sindicado como el principal responsable del asesinato de Ámbar Cornejo, alcanzó a cumplir 11 de los 27 años de condena tras dar muerte a su expareja y al hijo de ella, de nueve años, en 2005.
