Un informe de 20 páginas realizado por la Unidad de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) al Ministerio de Relaciones Exteriores arrojó como conclusión un “alto nivel de opacidad” en relación a la información de transparencia activa que mantiene el organismo.

Los hallazgos revelan “diversas prerrogativas del cuerpo diplomático, vinculadas a beneficios, exenciones y franquicias especiales, en normativas que no están siendo publicadas en Transparencia Activa”.

Además, no es posible determinar la destinación de ciertos funcionarios a través de transparencia activa, mencionándose como caso particular el de la Misión ONU.

Sobre este punto, señalan que la publicación en transparencia activa es genérica y “dificulta reconocer la destinación del personal y distinguir claramente qué agentes diplomáticos conforman la Misión ONU”.

En relación con la información proporcionada sobre el presupuesto del mes de octubre de 2019 de la Misión ONU, “se observa que uno de los mayores gastos (…) corresponde a “Giras_Gasto de Representación”, con USD $76.075,78 ($58.494.067 de pesos); sin embargo, no pudieron obtenerse antecedentes que permitan determinar específicamente a qué corresponde en detalle aquel gasto”.

Sobre la arista de Servicio Exterior en relación a la situación en 11 países, el análisis a nivel de gastos operaciones “se ve limitado por la disposición de información a nivel de subtítulos y clasificadores presupuestarios amplios/genéricos”.

La tabla de gastos por subtítulo-clasificador de esta arista, en el periodo de octubre de 2019, establece que el 50% de los gastos se enmarcan en “Otros gastos de bienes y servicios”, comprendiendo USD $996.963 ($766.564.850 pesos).

Esta arista contempla “gastos por arriendo de bienes inmuebles para uso de oficinas consulares y para residencia del personal diplomático; gastos de representación, protocolo y ceremonial; gastos de mantenimiento de edificaciones, mobiliario, vehículos; y gasto por servicios técnicos o profesionales; entre otros”.

Además, se establece que el monto global del Servicio Exterior en 2019 para la asignación de “gastos de representación, protocolo y ceremonial” corresponde a una suma de USD $317.575 ($244.183.417 de pesos). De este monto, el 20% se gastó en Estados Unidos.

El texto señala que no se logró obtener el presupuesto específico para el Servicio Exterior, ni tampoco para las distintas reparticiones en extranjero sujetas al análisis. Agregan que “la información tal como se encuentra publicada actualmente y, teniendo en consideración la orgánica de esta institución que —podría asimilarse a la de los organismos desconcentrados territorialmente— no permite vincular los motivos del gasto a programas, beneficiarios o territorios específicos”.

En relación a los consulados honorarios, el CPLT pudo conocer la existencia de 175 en 86 países. Sobre lo anterior, el organismo logró identificar a 169 personas y agregó que “en 5 casos no hay información sobre la persona que ocupa el cargo”.

Según señalan, los cónsules honorarios no reciben remuneración, “sin embargo, a partir de la información disponible no fue posible identificar si por sus funciones de representación tienen derecho a beneficios o privilegios diplomáticos específicos”.

El documento menciona además el decreto Nº172 de 1977 del Minrel, que indica que los cónsules honorarios “eventualmente podrán percibir una asignación destinada sólo a ‘gastos de oficina’, cuando mantengan con el debido decoro un local consular abierto al público y siempre que se consulten fondos en el presupuesto del Ministerio”.

Agregan que “no fue posible hallar antecedentes sobre las actividades que éstos (cónsules honorarios) realizan, ni tampoco sobre el funcionamiento y adquisición de sus oficinas consulares”.

En términos generales, el informe del CPLT finaliza señalando que “el tratamiento y respuesta en derecho de acceso requiere una revisión ante el principio de ‘facilitación’ en un contexto de entornos digitales y aquellas prácticas de los organismos en el tratamiento y entrega de la información requerida y que pueden en alguna medida constituir una barrera de acceso”.

“La tringulación entre la información disponible en transparencia activa y la que puede obtenerse vía el ejercicio del derecho de acceso a la información, resulta insuficiente para el monitoreo que la sociedad civil puede efectuar la gestión del Estado en el extranjero, si los antecedentes disponibles tienen contenido genérico y un nivel de agregación que limita su revisión”, puntualizan.

Por todo lo anterior, la Unidad de Fiscalización del Consejo Para La Transparencia ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores solicitando un “ajuste de sus procedimientos para asegurar un pleno cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Transparencia”.

Además, solicitan que se adopten “todas las medidas necesarias a fin de dar total cumplimiento a las normas sobre Transparencia Activa y Derecho de Acceso a la Información”.

Finalmente, el CPLT también ofició a Contraloría y remitió una copia informativa del informe “para su conocimiento y fines pertinentes”.

La conversión de dólares a pesos chilenos se realizó con el cambio correspondiente del día 27-07-20.