El Senado votará este miércoles el informe de la comisión mixta, sobre el proyecto que crea el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que remplazará al actual Sename.

La iniciativa define que el nuevo Servicio de Protección a la Niñez, debe ser un organismo sometido a la supervigilancia y fiscalización del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El objetivo de esta entidad –que viene a remplazar al actual Sename– es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescente amenazados o vulnerados en sus derechos, a través de un diagnóstico especializado. Plantea que se deben restituir sus derechos y reparar el daño producido.

La aplicación de este proyecto está sujeta a la aprobación y publicación del proyecto de ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, iniciativa que fue ingresada en 2015 y que duerme en segundo trámite.

Lo anterior fue propuesto por la oposición en la comisión mixta, en medio de las críticas de diputados oficialistas durante sus intervenciones.

El UDI Juan Antonio Coloma hizo reserva de constitucionalidad, lo que quiere decir que la iniciativa una vez despachada por el Senado –en caso de ser aprobada ahí– tendrá que pasar por el Tribunal Constitucional.

Para el parlamentario gremialista, esa indicación es inadmisible.

La diputada RD Natalia Castillo, quien fue parte de la mixta y una de las impulsoras de la indicación, respondió al diputado Coloma y señaló que en el fondo no hay algún tipo de inadmisibilidad con sujetar la ley a otra.

El diputado independiente Tomás Hirsch recalcó en la necesidad de sujetar la ley al proyecto de garantías. Para él es fundamental porque el Gobierno ha buscado desligarse de esa iniciativa en particular.

Por otro lado, el diputado RN Andrés Celis espera que el Gobierno ingrese un veto presidencial para que la ley no esté condicionada a la aprobación de otra ley.

Uno de los puntos de debate, antes de que el proyecto se despachara a mixta, era el financiamiento, el que sería a través de subvenciones sin contar con una “reforma estructural”.

Sin embargo, este punto no fue tocado ni modificado en la comisión mixta, porque según los diputados de la instancia, es precisamente necesario que se modifique mediante la ley de garantías.