Este martes se constituyó formalmente la comisión investigadora encargada de indagar los actos administrativos del Estado, para controlar la pandemia por coronavirus en Chile.

Se trata de una instancia solicitada por parlamentarios de la oposición, que será presidida por el diputado Jaime Mulet (FRVS), uno de los promotores de su creación.

Recordemos que el 30 de abril pasado, la Sala de la Cámara aprobó crear dos nuevas comisiones investigadoras para que, en un plazo de 120 días, indagaran sobre los actos de la administración del Estado en la adopción e implementación de medidas destinadas a evitar y contener la propagación del Covid-19.

No obstante, ambas instancias fueron fusionadas en una sola comisión, dada la cercanía de la línea investigativa, según destaca la página web de la Cámara.

Además de Mulet, la comisión investigadora estará integrada por los UDI Álvaro Carter, María José Hoffmann y Osvaldo Urrutia; Francisco Eguiguren, Frank Sauerbaum y Diego Schalper, de RN; Carolina Marzán (PPD ); Marcela Hernando (PR); Luis Rocafull y Leonardo Soto, del PS; el DC Víctor Torres; y la diputada comunista, Camila Vallejo.

La primera instancia, aprobada por 77 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones, se fijó como objetivo investigar los actos de la administración del Estado en materia de recuperación de los enfermos y las medidas destinadas a mitigar los impactos sociales y económicos derivados de la pandemia entre la población.

Al respecto, la instancia podrá requerir los antecedentes con los que contó la autoridad para tomar decisiones.

Mientras que la segunda comisión, aprobada por 73 votos a favor, 63 en contra y 10 abstenciones, tiene la misión específica de investigar los actos del Ministerio de Salud, relacionados con las medidas de orden sanitario, y del Ministerio de Hacienda, para enfrentar los efectos económicos.

Así también, las decisiones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y jefes de la Defensa Nacional, respecto del orden público, todo ello en el marco del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a raíz de la pandemia del coronavirus.