El general director de Carabineros, Mario Rozas, realizó un punto de prensa para referirse a las investigaciones sumarias donde afirmó que en buena parte de ellas existe “certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados”.

Rozas afirmó que de las 856 investigaciones, algunas de ellas ya están en fase de término, tras lo cual se aplicarán sanciones que pueden terminar en la salida de funcionarios de la institución, así como anotaciones negativas, según corresponda.

Antes de reconocer la existencia de responsabilidad, ejemplificó casos que se sancionarán como “el Liceo 7 donde se hizo uso de la escopeta antidisturbios, el caso del estudiante de medicina, el fallecido en Maipú que hay una vinculación con la institución, un joven que resultó golpeado en Maipú y fue viralizado en redes sociales, los golpes a varias personas en un cerro de Valparaíso después de un saqueo, el carabinero que utilizó a un menor como escudo humano, la utilización de gas pimienta en Melipilla, la agresión que sufrió una persona en la plaza de Ñuñoa”.

“Algunas de las investigaciones que se están realizando se ha llegado a la certeza administrativa que hay responsabilidad de los carabineros involucrados”, afirmó.

A su vez, afirmó que su cargo está a disposición “si ellos lo estiman conveniente”, añadiendo que “somos obedientes, no deliberantes y soy el primero en acatar esa decisión”.

Reforma institucional

El general Mario Rozas aseguró que instaurará una mesa de trabajo a cargo del general subdirector de Carabineros para trabajar en la modernización u optimización de los recursos humanos y logísticos, que afectarán a la estructura de la institución, su funcionamiento y la incorporación de nuevas tecnologías.

Respecto a la estructura, Rozas afirmó que se suprimirá la Zona Santiago del Control del Orden Público, para crear dos prefecturas, una ubicada en la zona oeste, y otra en el este de la capital.

Añadiendo que “se suprime la expresión Fuerzas Especiales”, para pasar a ser reparticiones de Control del Orden Público, las que estarán a cargo de los jefes de zona.

En cuanto al funcionamiento, dijo que se actualizarán los manuales operativos, así como los protocolos de actuación del orden público.

“Lo vamos a realizar sobre la base de la sociedad civil, vamos a solicitar ayuda para que instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y toda aquella institución de la sociedad civil nos pueden ayudar a actualizar nuestra tácticas y técnicas de control del orden público”, aseguró Rozas.

Frente a la arista de tecnología, detalló que se incorporarán armas no letales, vehículos más livianos y versátiles, y que tengan un “estándar más amigable para el control del orden público”.