En un caso inédito, Chile llegará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no haber fiscalizado debidamente a Isapre MasVida (hoy Nueva MasVida). Será la primera vez que un Estado deba comparecer ante este organismo por problemas en la inspección de empresas privadas.
De acuerdo a la nota enviada al Gobierno por la secretaria ejecutiva adjunta de Casos y Peticiones de la Comisión Interamericana en la materia, Marisol Blanchard, tal instancia llevó ante la Corte el caso 13.039 “contra el Estado de Chile, de conformidad con los artículos 51.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 45 del reglamento de la Comisión Interamericana”.
Según consignó La Tercera, el caso tiene su génesis en 2006 cuando una menor comenzó a sufrir los efectos del Sindrome de Leigh a los ocho meses de haber sido adoptada.
En concreto, se trata de una condición neurológica degenerativa y progresiva que ofrece pocas posibilidad de sobrevida después de los seis años. Hoy en día, la paciente está ciega, no escucha y es alimentada por sonda.
No obstante, tras una intoxicación por un suplemento mal etiquetado en un hospital, la familia debió activar un seguro catastrófico que habían contratado con la aseguradora, beneficio que incluía un régimen especial de hospitalización domiciliaria (RHD).
Con el tiempo, en base a la condición de la niña, también se estableció un régimen especial de cuidado domiciliario con ventilador mecánico, cama especial y monitores.
Pero todo terminó en octubre de 2010 cuando la isapre anunció el fin de tales servicios tras el resultado de un informe médico, por lo que el conflicto fue a parar a la Corte de Apelaciones de Concepción, que falló a favor de la familia, decisión que fue revocada en 2011 por la Corte Suprema.
Tras ello, en 2012, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hizo parte de las acciones judiciales, con lo cual el caso llegó a la Comisión Interamericana que emitió un informe hace nueve meses, escrito que estableció la responsabilidad del Estado en la correcta fiscalización de la aseguradora privada.
“La comisión encuentra que la Isapre Masvida S.A, entidad privada, fue autorizada por el Estado para la administración de las cotizaciones de los trabajadores en materia de salud. Por consiguiente, analizará los actos de la isapre en relación con la decisión de retiro del RHD a la luz de los deberes de regulación y fiscalización en cabeza del Estado”, dijeron en el escrito.
En esa línea, la comisión concluyó que el Estado de Chile “es responsable por la violación de los artículos 4.1 (derecho a la vida), 8.1 y 25.1 (garantías judiciales y protección judicial) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento”.
El Gobierno reaccionó a la notificación y en un documento, al que también tuvo acceso el citado medio, aseguraron que “no sería procedente una indemnización por daño material”.
Lo anterior, dado que los dineros desembolsados por los padres en el periodo de suspensión del servicio de hospitalización domiciliaria “fueron reembolsados por la Isapre Masvida y Nueva Masvida”.
Hacerlo significaría “un enriquecimiento sin una causa justificada a favor de las víctimas”, añadieron.
Con todo, el Estado de Chile deberá comparecer ante la CIDH dentro de un año, en Costa Rica, durante una audiencia en la cual también participarán las víctimas de este caso.
