El próximo martes 16 de abril, la sala del Senado tiene como punto primordial de la jornada proceder a la elección del nuevo secretario general de la Cámara Alta, instancia donde el actual fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, -el candidato seleccionado por la unanimidad de los comités parlamentarios-, requiere de dos tercios de los senadores en ejercicio, es decir 29 votos, para ser electo.
Pero dicha historia ha tomado un giro en su foco de importancia. Ahora, una nueva polémica se ha generado, la cual tiene relación con el millonario sueldo que perciben quienes ocupan los cargos de Secretario y prosecretario tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
En el detalle, el secretario general recibe cerca de $16,5 millones mensuales, mientras que el prosecretario obtiene $15,7 millones.
Se trata de cifras que superan las de los mismos parlamentarios, incluso el sueldo que percibe el Presidente de la República, por lo que una vez conocida la información, se instaló la polémica.
Al respecto, el presidente del Senado, Jaime Quintana, reconoció que los dineros superan ampliamente lo lógico, razón por la cual anunció la intención de bajar dichas remuneraciones.
Pero el secretario general de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, puso en duda que efectivamente puedan reducirse, ya que dicha dieta está establecida en la ley.
Así todo, está por verse si realmente se iniciarán acciones al interior del Congreso para generar un cambio en estos millonarios sueldos, los que superan por creces el promedio en Chile.
Denuncia por discriminación
En medio de la polémica por el alto sueldo para el cargo, y tras conocerse el acuerdo para que el nuevo secretario general del Senado sea el fiscal Metropolitana Sur, Raúl Guzmán, se conoció una acusación en contra del todavía persecutor.
Se trata de una reclamación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitida por la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte y la ANEF, la cual fue recibida el 5 de abril de 2019 en la oficina de Santiago.
En ella acusaron a Guzmán -y a otros dos fiscales- de discriminación en el ámbito laboral, por la investigación ante una denuncia por abuso sexual al interior del Ministerio Público, ocurrida en 2017.
Según se expresa en el documento, dicha indagatoria derivó en la remoción de dos funcionarios. Sin embargo, aseguraron que se cometieron “actos de distinción, exclusión o preferencia que tuvieron por finalidad anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo…”.
Además, ambos extrabajadores quedaron impedidos de ejercer algún empleo público durante 5 años.
En el documento exigen a la entidad que pidan cuenta al Estado de lo ocurrido, toda vez que los hechos fueron desestimados por por el 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, cuya sentencia fue ratificada de manera unánime en el Corte de Apelaciones.
Revisa las conclusiones de la reclamación:
