Las empresas distribuidoras de electricidad Enel, Saesa y Chilquinta suscribieron un acuerdo para compensar con 10 mil pesos a los usuarios que cambien sus medidores de energía por los nuevos dispositivos inteligentes.
Luego de una serie de reuniones de la mesa de trabajo técnica compuesta por la Comisión Nacional de Energía, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y las empresas distribuidoras de energía eléctrica, Enel, Saesa y Chilquinta concluyeron suscribir un mecanismo de compensación para los usuarios, según se informó este jueves.
Se trata de 10 mil pesos que serán entregados por cada reemplazo de medidores antiguos con los dispositivos inteligentes, a la espera de que empresas como CGE o Fenacopel se pronuncien también sobre la iniciativa.
Así lo anunció la ministra de Energía, Susana Jiménez, anticipando, además, que las compañías también estarán obligados a financiar la mantención, reparación y reposición de los medidores.
“Un número importante de empresas, son tres compañías, ya mostraron su disposición a sumarse a esta propuesta, y ofrecer un incentivo monetario a todos aquellos que eran dueños de su medidor y que entonces se abren a este recambio”, expresó Jiménez.
Por su parte, el vocero de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, explicó que la industria en general aún no establece una postura concreta sobre eventuales mecanismos de compensación.
En ese sentido, seguirán revisándolos durante las próximas reuniones de la mesa técnica, cuya prioridad será definir de qué manera informar sobre los beneficios de la nueva tecnología para las personas.
“Respecto de la compra o no de medidores es un tema que está pendiente como industria. Algunas empresas ya lo han conversado con el Gobierno, sin embargo, en cuanto a industria aún estamos en conversaciones. Estas mesas técnicas están pensadas para ocho semanas, de las cuales por lo tanto todavía quedan siete semanas”, afirmó Castillo.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), Stefan Larenas, sostuvo que la compensación sería insuficiente, y no resuelve el problema de fondo sobre la participación de los usuarios en la definición de las tarifas.
“Todavía no sabemos quién definió esa cifra y por qué. Todo esto se hace parchando, sin llegar al fondo del tema, que es cómo participa la representación del consumidor en todo lo que tiene que ver con el proceso tarifario, incluido los medidores”, dijo Larenas.
Raúl Soto, diputado de la Democracia Cristiana (DC), calificó como vergonzoso que el Gobierno intente zanjar la polémica a través de este acuerdo con las empresas, y aseguró que la única solución es tramitar en el Congreso los proyectos de ley que las obligan a asumir el costo de los medidores.
“La única manera de avanzar en esta situación es que el Gobierno le ponga celeridad y urgencia a los proyectos que hay en tramitación para que el costo lo pague la empresa, además de compensar a los consumidores por el cambio de la propiedad de los medidores, e instalar una mesa de trabajo con todos los actores sociales”, recalcó Soto.
El plazo final para las conclusiones de la mesa técnica es a mediados de mayo, donde las empresas podrían informar el detalle sobre el mecanismo de compensación, plazos y formas de pago.
