Parlamentarios criticaron al Gobierno y a la Contraloría por la demora en la aprobación del protocolo de objeción de conciencia por la Ley de Aborto en Tres Causales, y pidieron agilizar el proceso, pues la toma de razón ha tardado más de cinco meses.
Por segunda vez el Gobierno debió retirar este martes de la Contraloría General de la República el protocolo de objeción de conciencia institucional, en el marco de la Ley de Aborto en Tres Causales, luego que el órgano observara un aspecto relacionado con el tratamiento de la información del registro de médicos objetores.
El ministro de Salud, Emilio Santelices, le bajó el perfil a esta nueva observación y aseguró que se trata de una cuestión de forma que el Ejecutivo se compromete a subsanar a más tardar la próxima semana.
“Es una cosa de forma que tiene que ver con precisar que unas fechas y unas constataciones de registros de médicos objetores se consideran o no se consideran datos sensible”, dijo.
“Nos pidieron esa aclaración, nosotros la estamos redactando y la otra semana reingresa a la Contraloría y con eso ya el tema, de parte nuestra, estaría resuelto”, agregó.
Críticas de ambos frentes
El senador socialista Rabindranath Quinteros, que integra la Comisión de Salud del Senado, criticó la situación pues con esto todavía hay algo pendiente en la Ley de Aborto en Tres Causales y llamó al Gobierno a dar explicaciones.
“Me parece que es insólito lo que ha sucedido en el Ministerio de Salud. Las mujeres chilenas y la sociedad no pueden seguir esperando este protocolo. Esto amerita una explicación del Ejecutivo del porqué pasado tanto tiempo aún no tengamos un protocolo de objeción de conciencia”, cuestionó.
También llamó a agilizar el trámite el senador Francisco Chahuán, quien promovió la indicación que daba lugar a esta posibilidad y que respaldó el Tribunal Constitucional. Chahuán manifestó que debe existir un marco regulatorio que dé garantías.
“Garantías, primero, para los médicos objetores; segundo, para aquellas mujeres que quieran realizarse la prestación, como también para que el servicio pueda asegurar la prestación con plena garantía a lo legislado”, precisó.
La diputada comunista Karol Cariola, junto con fustigar al Gobierno por este nuevo retraso en la creación del protocolo de objeción de conciencia, también emplazó al contralor Jorge Bermúdez a que agilice la revisión del documento, que ha estado durante cinco meses en la Contraloría.
“Esto es una responsabilidad absoluta del Gobierno respecto de no incorporar las modificaciones que fueron necesarias en su momento, y por otro lado, también quisiera hacer una solicitud al contralor de acelerar el proceso de revisión, la verdad es que ya ha pasado demasiado tiempo”, sostuvo.
Las coordinadoras de los partidos políticos de izquierda pidieron apurar el proceso de toma de razón a Contraloría mediante una carta, la que se puede revisar a continuación.
