El contralor Jorge Bermúdez dio a conocer ayer martes una investigación especial de Contraloría a Carabineros, específicamente a la Dirección de Bienestar (Dibicar), por un posible nuevo Pacogate por $23 mil millones.
Este miércoles, a través de un comunicado de prensa, desde la institución afirmaron que “esta situación está siendo investigada por el Ministerio Público desde el año 2017, específicamente, por el fiscal Eugenio Campos”.
Asimismo, añadieron que “este hecho se encuentra asociado a procesos de revisión que está realizando tanto Carabineros de Chile como organismos externos, por la situación que ya es conocida por la opinión pública”.
Bermúdez anunció ante la Comisión Investigadora de la Cámara, que indaga irregularidades en las mutualidades de las Fuerzas Armadas y Carabineros, que hay indicios de una “corrupción mayor”.
Registros contables inexistentes, desorden administrativo y destrucción de documentos, son algunos de los aspectos que a su juicio dan cuenta de esta situación al interior de la Dirección de Bienestar de la policía uniformada.
El jefe de la Contraloría afirmó que el equipo de la institución fiscalizadora tuvo que desarrollar un trabajo de reconstrucción de archivos, porque buena parte de la documentación fue destruida, en virtud de decisiones internas de Carabineros.
Posteriormente, el general Mario Alberto Rozas, director de Bienestar, aseguró que el dinero cuestionado se invirtió en conjuntos habitacionales y centros recreacionales para los funcionarios y sus grupos familiares.
Asimismo, detalló que la revisión llegó hasta 1991. “Efectivamente, se encontraron algunas observaciones, pero se justificaron en los descargos”, sostuvo, añadiendo que la incineración de documentos se hizo de acuerdo a un reglamento interno.
Pese a ello, adviritó que seguirán cooperando con todo lo que les requieran. “La orden de nuestro general director es transparentar todos nuestros procesos”, dijo.
