El presidente Sebastián Piñera presentó la mañana de este miércoles la agenda de equidad de género, en compañía de la primera dama, Cecilia Morel, la ministra de la Mujer, Isabel Plá, y otras autoridades.
Allí destacó una serie de medidas: máxima urgencia a los proyectos que sancionan la violencia en el pololeo, la igualdad para administrar el patrimonio de la sociedad conyugal y el fuero maternal en las Fuerzas Armadas y de Orden.
Asimismo, también se pondrá urgencia al proyecto de ley presentado por el gobierno de Bachelet sobre el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia.
Este último ingresó a la Cámara de Diputados en enero de 2017 por la administración anterior y busca mejorar las respuestas institucionales que se ofrecen a las víctimas de violencia intrafamiliar; regular nuevas figuras tendientes a reconocer las distintas formas que adopta la violencia ejercida contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas en situación de discapacidad; y generar un cambio cultural cuyo horizonte es la igualdad entre hombres y mujeres y el fin de las relaciones de subordinación.
En concreto, la iniciativa promueve obligaciones generales y particulares para la protección y atención de las mujeres frente a la violencia (deberes en el ámbito de la salud, educación y protección policial y fiscal); y amplía las facultades del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en dos sentidos: aumenta el abanico de casos en que puede asumir el patrocinio y representación de las mujeres víctimas de violencia y se le permite deducir querella en casos de femicidio.
Asimismo, contempla el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde se recogen los estándares indicados por los instrumentos internacionales, destacando entre ellos la adopción de la terminología definida sobre violencia contra las mujeres prescrita por la Convención Belém do Pará, que reconoce que esta es una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres” .
En suma, amplía las concepciones actuales que recoge nuestro ordenamiento jurídico: considera un amplio catálogo de deberes para distintos órganos del Estado en estas materias y regula deberes de prevención de la violencia contra las mujeres para todos los órganos del Estado en la medida en que desarrollen iniciativas relacionadas con la violencia contra las mujeres en todas sus formas.
Eso sí, desde su ingreso en enero de 2017 pasó por la Comisión de Constitución y luego por la Comisión de Familia, donde ha estado estancada, pese a que desde noviembre recibió la urgencia suma y en diciembre de ese año Bachelet le agregó indicaciones que incorporaron el acoso sexual como parte de las conductas a prevenir en los establecimientos educacionales.
A ello también sumó “la inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos y oficios públicos” para quienes sean condenados por hechos de violencia en el entorno familiar.
No más pensión de sobrevivencia
Según explicó en su momento la entonces ministra de la Mujer, Claudia Pascual, “la iniciativa da cuenta -además de la violencia sexual, física y psicológica– de otras formas de violencia como la económica y la simbólica; y a partir de allí, genera mandatos de prevención y atención a distintos organismos del Estado”.
Junto con ello, este proyecto modifica algunos cuerpos legales, como la Ley de Violencia Intrafamiliar (20.066), “para ampliar las nociones de pareja que se establecen allí, como aquellas relaciones sentimentales sin convivencia como la violencia en el pololeo”.
Asimismo, modifica el decreto Ley 3.500 de pensiones “en que ninguna persona que haya asesinado a una mujer, pareja o expareja, pueda cobrar su pensión de sobrevivencia como ocurre hoy día en algunos casos”.
Desafío pendiente: menos sexismo en la TV
Tatiana Rein, académica del Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile, señaló tras la presentación del proyecto que este “constituye un significativo avance en la legislación vigente, que tiene un foco importante en la violencia intrafamiliar, además de regular civil y penalmente ciertas materias, como la violación o el acoso sexual”.
“Cabe considerar que la violencia contra las mujeres no es un tema que se dé sólo entre particulares o en el ámbito de las relaciones de pareja. Dicha violencia abarca los más diversos ámbitos, tanto de índole pública, como privada, lo que reconoce el propio proyecto de ley”, añadió.
Según detalló, en su opinión, el proyecto podría incorporar también más medidas para alcanzar el segundo objetivo que se plantea: generar un cambio cultural con miras a la igualdad entre hombres y mujeres. “Para ello, podría, por ejemplo, incorporar medidas más concretas en materia de educación, o adoptar medidas adicionales que tiendan a eliminar el contenido sexista de la televisión, reflexión que cabe realizar en materia de publicidad”.
