El Gobierno defendió la decisión de modificar el carácter de la querella en contra de los cuatros comuneros mapuches que sostuvieron una huelga de hambre por más de 115 días y que están imputados por incendiar una iglesia evangélica en Padre Las Casas, que hasta el momento estaba tipificada bajo el marco de Ley Antiterrorista.

Además, exigió seriedad a la oposición, que anunció una posible acusación constitucional en contra del ministro del Interior Mario Fernández, señalando que se ha hecho un aprovechamiento político.

No cayó bien en el Ejecutivo la idea que plantearon las bancadas RN y UDI, respecto a una posible acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, por la solicitud al equipo jurídico de retirar la invocación a la Ley Antiterrorista en contra de los comuneros que mantuvieron una huelga de hambre por 116 días.

Fue la vocera de Palacio, Paula Narváez, quien solicitó a la oposición seriedad y mirada de país para referirse a temas tan sensibles y acusó aprovechamiento político.

En la misma línea fue el presidente interino de la Democracia Cristiana, Matías Walker, quien recordó que durante el mandato de Sebastián Piñera incluso se negoció una modificación a la Ley Antiterrorista en medio de una huelga de hambre.

Palabras que respaldó el timonel del Partido Radical, Ernesto Velasco, señalando que este anuncio responde a una maniobra política, con fines meramente electorales.

Junto a la acusación contra Fernández, los parlamentarios de Chile Vamos también estudian citar a declarar al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.

Así lo indicó el diputado UDI y aspirante al Senado por La Araucanía, Gustavo Hasbún, quien además señaló que la propia presidenta Michelle Bachelet mantiene vínculos con grupos terroristas y avalaría los hechos de violencia. Una postura que también compartió el diputado por la zona, el RN René García.

Este martes se reunirán las bancadas de Chile Vamos en el Congreso Nacional, con el objetivo de analizar los aspectos de forma y fondo de esta posible acusación constitucional.