El Gobierno confirmó a los partidos oficialistas su disposición a revisar legislación sobre beneficios carcelarios a enfermos terminales. Por su parte, la Nueva Mayoría advirtió que cualquier iniciativa debe excluir a condenados por delitos de lesa humanidad.

Siete días tendrán a contar de este lunes los partidos de la Nueva Mayoría para adoptar una posición sobre la entrega de beneficios carcelarios a enfermos terminales y con demencia senil.

Así se acordó con La Moneda en el tradicional comité político, luego que la presidenta del PS, Isabel Allende, pidiera al Gobierno abrir el debate el cual se inició públicamente a raíz de las declaraciones del titular de Justicia, Jaime Campos, y que sucesivamente se han ido incorporando distintos credos religiosos.

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Y esto a raíz de la interrogante sobre si se le otorgará el beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad o si estos se dejan legalmente marginados de ese punto, lo que requeriría un proyecto de ley. El 26 de diciembre deberán entregar su visión al Ejecutivo.

La senadora e hija del fallecido presidente Salvador Allende, Isabel Allende, sostuvo que se trata de un tema complejo, dado que se cometieron “asesinatos atroces y crueldades inimaginables”, aunque sostuvo que es un tema que debe ser revisado.

Pese a que el Gobierno aún no define una postura, fuentes de Radio Bio Bio aseguran que se encuentra más cercano a flexibilizar el tema,  o sea, incluir  a condenados por violaciones a los DDHH, ya que iría en línea de las exigencias de organismos internacionales.

En ese contexto, señalaron las mismas fuentes, se ha evaluado acompañar este cambio con una legislación que contemple una minuciosa sobre controles médicos que garanticen el estado degenerativo. Sin embargo la intención de escuchar las propuestas oficialistas es para ver cuánto respaldo existe políticamente para una medida como esa.

El presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, desde ya se mostró en desacuerdo con incluir a condenados por violaciones a derechos humanos.

“Trato digno sin la posibilidad de sacarlos de la reclusión”, sostuvo.

Desde el Partido Radical, Ernesto Velasco, coincidió con sus pares del PPD al afirmar que debe crearse una política pública que margine de ese beneficio a los condenados por delitos de lesa humanidad.

Pero este tema, que el gobierno pretendía que se discutiera más adelante y que se adelantó por las declaraciones de Campos, reabre el debate entre izquierda y derecha en el país, más aún en épocas electorales.

Desde Renovación Nacional también han avanzado sobre el tema. Incluso abordaron este punto con el ministro de Justicia, Jaime Campos, especialmente solicitaron urgencia legislativa a los proyectos de ley presentados para que personas condenadas por delitos de lesa humanidad puedan acceder al derecho a la libertad condicional.

El senador de esa tienda, Francisco Chahuán, afirmó que los derechos humanos son de todos.

“Nosotros consideramos claramente que los Derechos Humanos son de todos”, aseguró.

Tema que avecina un duro debate y tensión política.