El Consejo de Seguridad de la ONU aborda de nuevo este viernes a puerta cerrada la crisis abierta por el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021. Lo hace un día después de que Thomas Andrews, relator especial de Naciones Unidas, llamara a imponer “un embargo de armas”.
Andrews reclamó además “sanciones económicas selectivas” contra los generales birmanos, cuya represión, que incluye disparos de munición real, dejó al menos 38 personas muertas el miércoles 3 de marzo, en la jornada más sangrienta desde el golpe militar.
Pese al temor a las represalias, el país asiático vive una nueva jornada de movilizaciones. En el barrio San Chaung de Rangún, la capital económica, los manifestantes se protegían de las fuerzas del orden, como en días anteriores, detrás de barricadas improvisadas construidas con neumáticos viejos, sacos de arena y alambres.
Un grupo de cientos de ingenieros se manifestaban por su parte en las calles de Mandalay, segunda ciudad birmana, al grito de “¡Liberen a nuestra líder!”, en referencia a la dirigente depuesta Aung San Suu Kyi. En la ciudad de Bago (noroeste), un pequeño grupo mostraba los tres dedos levantados en señal de resistencia y portando carteles con el lema: “No aceptamos el golpe de Estado militar”.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones comerciales, consistentes en un control de sus exportaciones, en respuesta a la “mortal violencia contra los manifestantes”, según el secretario de Estado, Antony Blinken. Estas medidas se suman a las sanciones financieras impuestas a los generales golpistas.
“Continuaremos tomando medidas contra la junta”, advirtió el vocero de la diplomacia estadounidense, Ned Price. Por su parte, China y Rusia, tradicionales aliados del ejército birmano, no condenaron oficialmente el golpe de Estado, que consideran como “un asunto interno”.
