“Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera”. Con un slogan ambicioso, el gobierno argentino del presidente Javier Milei anunció a través de un video en la red social X el lanzamiento del Gemelo Digital Social, una herramienta de inteligencia artificial que, según fuentes oficiales, permitirá transformar datos en predicciones para diseñar políticas públicas.
El presidente lo presentó como un hito mundial. La oposición y expertos en tecnología piden transparencia, y advierten sobre riesgos para los derechos ciudadanos.
¿Qué es un gemelo digital?
“Un gemelo digital es una réplica virtual de un sistema real que se alimenta con datos para simular qué ocurriría ante distintos escenarios”, explicó el especialista en derecho y tecnología Javier Pallero. El concepto nació en los 60, cuando la NASA lo usó para simular naves espaciales, y se consolidó en la industria para optimizar fábricas y redes eléctricas. Lo novedoso que propone el Gobierno argentino es, según sus propias palabras, aplicar esta lógica al comportamiento de las personas.
El sistema procesaría información social, educativa, laboral y territorial de distintas áreas del Estado para modelar el recorrido de los ciudadanos desde la infancia hasta la autonomía económica, y anticipar el impacto de políticas sociales antes de implementarlas.
Un anuncio con poca información
En su lanzamiento, el Ministerio detalló cuatro etapas de implementación: un diagnóstico interno con mapeo de datos existentes, una mesa de trabajo con actores públicos, privados y académicos, la definición de una arquitectura tecnológica y un debate sobre privacidad y ética algorítmica.
“Pero hay algo que el anuncio cuenta con menos entusiasmo”, observa Pallero. No se especificaron las bases de datos que alimentarán el modelo, no hay fechas ni presupuesto definidos, no se menciona consentimiento informado ni anonimización, y tampoco se aclara bajo qué marco legal operará el sistema. El proveedor tecnológico quedó pendiente para futuras mesas de trabajo.
“Traducido: hoy es un anuncio de intención, no un sistema funcionando, y oficialmente todavía no hay empresa elegida. Esto es central, porque significa que la ventana para discutir cómo se hace —o si se hace— sigue abierta”, asegura.
La sombra de Palantir
El anuncio se hace días después de la visita de Peter Thiel, cofundador y chairman de Palantir Technologies —empresa especializada en cruce masivo de datos con vínculos en inteligencia militar estadounidense— al presidente Milei en la Casa Rosada (de gobierno). Tal como informó BioBioChile, el tecnomagnate lleva semanas viviendo en Buenos Aires, donde incluso adquirió una propiedad en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad.
Si bien no hubo una mención directa a la empresa, en declaraciones recogidas por la revista Wired en español, Pallero señaló que el lenguaje del anuncio oficial es “casi calcado del catálogo de Palantir” y que el contexto —Thiel instalado en Buenos Aires, reuniones con funcionarios, un régimen de inversión diseñado para atraer empresas del complejo tecnológico-militar estadounidense— obliga a hacer preguntas antes de que la decisión esté tomada. “Lo prudente no es asumir que es Palantir. Es exigir que se aclare quién es”, precisó.
Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre, recordó que Palantir cuenta con herramientas que pueden usarse para inferir, a partir de datos, dónde hay familias en situación de vulnerabilidad para decidir dónde realiza operativos, tal como ocurrió con el sistema que la empresa opera para el servicio de inmigración de Estados Unidos. “Dos países, una misma lógica”, resumió el especialista.
En el Reino Unido, Palantir gestiona la plataforma de datos del sistema de salud público bajo un contrato millonario, en medio de controversias por acceso a información de pacientes. “La tecnología no distingue entre llegar antes con una pensión y llegar antes con una deportación”, asegura Pallero.
Los riesgos concretos
“Los riesgos para derechos son enormes y variados: scoring social, sesgos que se disfrazan de objetividad técnica, decisiones automáticas sobre prestaciones que nadie puede revisar ni apelar, y un problema serio de soberanía: que los datos más sensibles de la población terminen procesados por una empresa extranjera”, asegura Pallero.
El scoring social implica clasificar personas según puntajes que determinen su acceso a derechos sin posibilidad de apelación. El segundo es el sesgo algorítmico. Un modelo entrenado con datos de un Estado desigual tiende a reproducir y amplificar esa desigualdad con apariencia de objetividad técnica. El tercero es la automatización de decisiones sobre prestaciones sociales sin revisión humana posible. Y el cuarto, la soberanía digital.
Todo esto ocurre en un país con una ley de protección de datos personales del año 2000 que carece en la práctica de herramientas para hacerse cumplir, y en un contexto de fuertes recortes al gasto social.
“Cuando un Estado promete optimizar recursos con IA y al mismo tiempo recorta, ¿para qué usará realmente esa capacidad de anticipación? ¿Para llegar antes a quien necesita ayuda, o para justificar a quién se le deja de pagar?”, se pregunta Pallero.
Qué piden los expertos
La oposición ya presentó al menos dos pedidos de informes en el Congreso, y la Fundación Vía Libre elevó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio. Las demandas mínimas de los especialistas son claras: publicar qué se va a construir, con qué datos y bajo qué contrato; abrir el debate a la sociedad civil antes de implementar; reformar la ley de protección de datos con una autoridad que tenga poder real; y garantizar que el Estado retenga soberanía sobre el software y los datos.
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