Las protestas en México, contra la creciente violencia en el país, han escalado durante las últimas horas. Se han reportado fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la policía, además de 120 heridos.
La manifestaciones principales se han focalizado cerca del palacio presidencial. Entre los lesionados hay policías y civiles, a eso se suman más de 20 detenidos.
El sábado 15 de noviembre, miles de personas protestaron en varias ciudades de ese país, siguiendo el llamamiento del “movimiento del Sombrero” y de la “Generación Z” (menores de 28 años).
Uno de los más recientes acontecimientos violentos fue el asesinato por disparos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante una celebración del Día de los Muertos. Se hacía llamar “El Sombrero” y era conocido por su lucha en contra del crimen organizado.
El secretario de Seguridad de la capital, Pablo Vázquez, indicó que 100 policías resultaron heridos, entre ellos, 40 que requirieron atención hospitalaria; y al menos 20 civiles fueron lastimados.
Como resultado, 20 personas fueron detenidas y otras 20 “remitidas por delitos administrativos”.
Protestas de la Generación Z en México
Por su lado, el pasado viernes, la presidenta Sheinbaum había criticado a los llamamientos a la movilización.
La mandataria ha descalificado las recientes convocatorias a movilización, particularmente la marcha de la llamada “Generación Z”, afirmando que no se trata de un movimiento espontáneo, sino de una operación política “desorganizada” y “financiada desde el extranjero”.
Según el gobierno, detrás de la protesta hay una campaña digital coordinada con bots, influencers y redes vinculadas a organizaciones internacionales y a empresarios críticos del oficialismo, lo que encaja con la narrativa de que sectores externos buscan desestabilizar al gobierno. Las autoridades no han presentado pruebas detalladas de ese financiamiento.
Si bien la presidenta tiene niveles de aprobación superiores al 70%, según la encuesta nacional Mitofsky para El Economista, más de un año después de su llegada a la presidencia, es criticada por su política de seguridad.
Además del asesinato de Manzo, también fue asesinado Bernardo Bravo, líder de los productores de limón en Michoacán a finales de octubre. Su asesinato evidencia la escalada de violencia en los sectores agrícolas frente a la extorsión y control de los cárteles.
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