El gobierno y el principal frente de protestas en Colombia completaron el martes una nueva jornada de conversaciones sin llegar a un acuerdo para apaciguar el estallido social.
En casi un mes de manifestaciones contra el presidente Iván Duque, el saldo de muertos es casi de 60, según reportes de la Defensoría del Pueblo y de autoridades civiles.
“El partido de gobierno está dedicado a bloquear y el gobierno nacional sigue al pie de la letra sus instrucciones”, reclamó Comité Nacional de Paro.
El Comité anunció que “más de 40 puntos de resistencia ya han sido suspendidos”, para que el Gobierno firme un preacuerdo que le dé garantías a la protesta.
Sin embargo el consejero presidencial Emilio Archila contestó, “debemos insistir en nuestra posición. En Colombia los bloqueos no son una manera legítima de ejercer el derecho a la protesta.
Esos bloqueos deben desaparecer para avanzar en una eventual negociación. El Ejecutivo reiteró que firmara ese documento cuando se desbloquee el 100% de las vías.
“En la primera semana de protestas tuvimos 800 bloqueos, hoy quedan 36”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano.
Los delegados de Duque y del Comité de Paro han sostenido varias rondas de conversaciones, sin lograr alcanzar un acuerdo para iniciar negociaciones.
En un mes de protestas han muerto 59 personas, según reportesde autoridades civiles. Fiscalía sostiene que 20 de estos casos “guardan relación directa con las manifestaciones”.
“La juventud de Cali ha dicho que las personas del Comité de Paro no nos representan”, expresó Andrés Velásquez, líder de un bloqueo en la ciudad.
Si bien el gobierno atribuye a los bloqueos la muerte de dos bebés que quedaron atrapados en ambulancias, un eventual acuerdo con el Comité es visto como un paso hacia el fin de la crisis.
Cuestionamientos internacionales
El viernes 28 de mayo, que mientras miles de personas conmemoraban en las calles el primer mes de levantamiento popular, 13 personas murieron en Cali.
A raíz de esto, Duque ordenó el despliegue de tropas en esta ciudad que faculta al ejército a apoyar las tareas de vigilancia de la policía.
Esta decisión fue muy cuestionada local e internacionalmente. Esto motivó a que la Alta Comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, pida una investigación “independiente” sobre los ataques que segaron vidas en Cali, la tercera ciudad más poblada de Colombia.
Los manifestantes exigen una condena explícita de la represión policial y “garantías para la protesta”, las fuerzas sociales también rechazan los abusos policiales, y se oponen a la militarización.
Mientras que el presidente Duque quiere que se terminen sin ambages los cierres viales, que causan desabastecimiento y dificulta las misiones médicas.
La CIDH se prepara para visitar el país sudamericano entre el 8 y el 10 de junio. El organismo prevé poder evaluar la cascada de denuncias de excesos de las autoridades durante las sangrientas protestas.
