El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), decidió abrirle las puertas a Naciones Unidas para la investigación de las desapariciones forzadas y de los casos de violaciones de Derechos Humanos.
El mandatario envió una petición formal al Senado para que éste reconozca la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, para facilitar que este organismo investigue casos en México. Una cuenta pendiente desde hace décadas con los familiares de al menos 70 mil víctimas.
Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México, asegura que es una decisión positiva: “Creo que el mensaje que da la Presidencia de la República es reconocer la crisis de las personas desaparecidas”.
“Lo ha hecho desde varias perspectivas: la primera cuando, por fin, hace unos cuatro meses, tuvimos una cifra oficial de personas desaparecidas, y el conteo fue terrorífico, con más de 70 mil personas desde el período llamado ‘La Guerra Sucia’ en los años 60 hasta la fecha. Luego, el mensaje del presidente López Obrador desde su campaña, fue literalmente ponerse la camiseta de Ayotzinapa, de los desaparecidos en Guerrero, en Iguala. Y eso no es menor en un país donde se le ha dado la espalda por años a víctimas que están en busca de sus familiares, que reciben esta decisión como una puerta de esperanza y de una nueva justicia”, planteó.
La pregunta es cómo se desarrollaría entonces esta investigación por parte de Naciones Unidas. ¿Tendría recursos a su disposición como archivos policiales o el sistema de justicia local?.
“Lo que los comités de Naciones Unidas hacen es conocer casos individuales. Es decir, conocer el caso de una familia, de una persona, pedir información específica al Estado y este, mediante su Cancillería, tiene la obligación de proveer toda la información para que este comité pueda determinar no sólo la veracidad de los hechos sino también las falencias en las que ha incurrido el Estado mexicano. El comité hará recomendaciones que, muchas veces, van encaminadas a cambios de políticas públicas y en la operación institucional”, explica Tania Reneaum.
Luego de una segura aprobación por parte del Senado, México depositaría ante Naciones Unidas su aceptación para permitir la presencia de un comité de investigación del organismo. Amnistía Internacional prevé que la ONU pueda iniciar su trabajo a principios de 2021.
