El domingo recién pasado, un reportaje televisivo exhibió la historia de Ismael, Laura y Joshua, quienes -tras un procedimiento policial- fueron detenidos, formalizados por delitos graves y enviados a prisión preventiva. Meses más tarde, fueron absueltos. No hubo delito. No hubo responsabilidad. Pero sí hubo cárcel y un daño irreparable.
El caso no es aislado. Desde 2013, más de 28 mil personas han estado en prisión preventiva y luego han sido absueltas, sobreseídas o sus causas han sido abandonadas por el Ministerio Público. Son miles de historias marcadas por una medida que debía ser excepcional, pero que en la práctica se utiliza con una frecuencia que exige revisión.
La prisión preventiva no es una pena. Es una medida cautelar que solo debiera aplicarse cuando es estrictamente necesaria. Sin embargo, hoy sigue representando una proporción significativa de las personas privadas de libertad: más de 22 mil se encuentran en esta condición en el subsistema cerrado.
Las consecuencias son profundas. Cuando el sistema se equivoca, el costo lo pagan personas concretas: pierden su trabajo, sus estudios, su entorno familiar y su reputación. En muchos casos, además, enfrentan violencia, estigmatización y secuelas psicológicas que se arrastran por años.
Hoy, quienes han sido privados de libertad siendo inocentes no cuentan con un sistema de reparación automático. Para obtener una indemnización, deben iniciar un juicio civil contra el Estado, con todos los costos que ello implica. Es decir, tras ser afectados por el sistema, deben volver a enfrentarlo.
En este contexto, recientemente se ha presentado el proyecto de ley contenido en el Boletín N° 18.097-07, que propone modificar el Código Procesal Penal para mejorar el recurso de revisión en materia penal y fortalecer los mecanismos de indemnización por error judicial.
La iniciativa busca superar las actuales barreras que, en la práctica, han hecho excepcional el acceso a una reparación efectiva, estableciendo reglas más claras que permitan a quienes han sido privados de libertad injustamente obtener una compensación adecuada por el daño sufrido.
Desde la Defensoría Penal Pública hemos impulsado el Proyecto Inocentes y alianzas con la Fundación Pro Bono y la Corporación de Asistencia Judicial para facilitar acciones indemnizatorias. Son avances, pero insuficientes.
El desafío es mayor. Requiere revisar el uso de la prisión preventiva y avanzar hacia mecanismos de reparación más oportunos. Porque cuando un inocente está en la cárcel, no solo se vulneran sus derechos: también se debilita el Estado de Derecho, al erosionarse la confianza en la justicia. Y sin esa confianza, ninguna decisión puede sostener plenamente su legitimidad.
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