El gobierno de Nicolás Maduro anunció este viernes que supervisará los precios del principal fabricante de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, en momentos en que los precios se han disparado durante la pandemia.

La compañía, que produce entre otras cosas harina de maíz precocida -la base de la alimentación de los venezolanos- y otras dos empresas serán objeto de controles, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que las acusó de haberse convertido en “marcadores referenciales especulativos”.

Las otras dos empresas son un fabricante de embutidos y un matadero.

“¿Qué busca el mecanismo de venta supervisada? Justamente que se preserven y se respeten los precios acordados”, explicó Rodríguez en una alocución televisada. El gobierno de Maduro se refiere a los precios fijados con controles estatales como “precios acordados”.

Por otra parte, el consorcio Coposa, fabricante de aceites de origen vegetal, será ocupado por “180 días prorrogables” para “garantizar la producción”, según la vicepresidenta.

Las medidas se anunciaron después de que Maduro advirtiera el miércoles de una “guerra económica brutal” en Venezuela, que desde marzo acata una cuarentena para prevenir el avance del coronavirus, de la cual solo sectores esenciales como la alimentación y la salud están excluidos.

“¡Pónganse serios!”, exigió el mandatario socialista a las empresas privadas.

Los precios de productos básicos se dispararon en las últimas semanas, provocando pequeños focos de protesta y saqueos en poblaciones del interior del país, que han dejado un fallecido.

Los venezolanos sufren desde hace años una voraz inflación, que en marzo registró un índice interanual de 3.365%, según el Parlamento de mayoría opositora, que ofrece un informe inflacionario desde 2017 debido a la escasa disponibilidad de cifras oficiales.

Durante años Venezuela vivió una grave escasez de alimentos básicos, que especialistas vinculaban con un férreo control cambiario y con controles de precios.

En los últimos tiempos, con la flexibilización de esas restricciones por la falta de liquidez del gobierno, los anaqueles de supermercados y establecimientos de comida tuvieron una recuperación de la oferta.

El país atraviesa la peor crisis de su historia moderna, que ha causado el éxodo de 4,9 millones de personas desde finales de 2015, según la ONU.