El parlamento de Nicaragua aprobó este miércoles una controvertida iniciativa oficial que otorga beneficios a “víctimas del fallido golpe de Estado”, como denomina el gobierno de Daniel Ortega a las protestas opositoras que estallaron hace un año y cuya represión derivó en una ola de violencia.
La normativa denominada Plan Integral de Atención a Víctimas (PIAV) fue enviada por Ortega al parlamento unicameral, controlado por el oficialismo, donde fue aprobada por 69 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones.
El rechazo opositor se debe a que el proyecto no contiene definiciones sobre los beneficiarios, que se presume serán partidarios del oficialismo.
En detalle, la ley establece que “las víctimas y familiares” del “intento fallido del golpe de Estado” recibirán atención prioritaria de salud, educación, becas de estudio, vivienda y trabajo, además de acceso gratuito a actividades deportivas y de recreación en espacios públicos.
El diputado oficialista Walmaro Gutiérrez, que tampoco aportó detalles sobre los amparados por la ley, señaló: “No podemos ocultar que hubo víctimas como consecuencia de la violencia con el objetivo de derrocar al gobierno”.
Organismos de derechos humanos estiman que los enfrentamientos durante las protestas contra el gobierno han dejado 325 muertos, casi 800 detenidos y 62.000 exiliados.
Los diputados de la oposición rechazaron la iniciativa en el plenario bajo el argumento de que carece de un elemento esencial de justicia, al no definir quiénes deben ser considerados víctimas, y además contiene un sesgo político al considerar que hubo un “golpe de estado”.
“Es una ley vacía en lo esencial (…) porque no contempla nada de impartir justicia a las víctimas que sucedieron a partir de abril de 2018. Si no hay justicia la reparación cae en saco roto”, dijo el diputado del opositor partido Conservador (PC-derecha), Alfredo César.
La diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC-derecha) Azucena Castillo, también rechazó la iniciativa, y sostuvo que “lo único que cabe es acabar con la represión, que las víctimas (opositores detenidos) salgan de la cárcel y la anulación de los juicios”.
En tanto, el delegado de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), José Pallais dijo a la AFP que la ley “es un mero panfleto propagandístico (…) que manda a las instituciones a hacer lo mismo que están haciendo con fondos ordinarios; no prevé partidas presupuestarias adicionales”.
La ACJD participa con el gobierno en un diálogo para buscar una salida a la crisis en la que el país ha estado sumido desde hace más de un año. El diálogo quedó congelado el 3 de abril sin lograr consenso en temas clave.
