Lázaro Báez, empresario argentino que fue condenado en 2016 por lavado de dinero, insinuó en una grabación que era testaferro del expresidente Néstor Kirchner, lo que sería una confesión que podría marcar un hito en el mayor caso de corrupción que golpea a la política del país vecino en los últimos tiempos.

“Yo todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba. Y me lo dio para que lo administre y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo hiciera”, expresó el hombre en la grabación, según lo reveló el canal TN, despejando aparentemente las dudas sobre el origen de su patrimonio, que ya se ha sospechado que provendría de los Kirchner.

“Quizás por eso estoy donde estoy, para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores”, agregó en los audios que se habrían captado durante una operación de escuchas telefónicas conocida como el “Operativo Puf”. Dicha conversación la habría tenido desde prisión con su abogada Elizabeth Gazaro.

De acuerdo con el medio trasandino, en las conversaciones interceptadas se reveló una operación judicial que estaba preparando el kirchnerismo para intentar tumbar el caso de los “Cuadernos de las coimas”. Según el medio, el exvalijero Leonardo Fariña se expresó sorprendido, acotando que “nunca pensé que la prueba iba a salir de la misma persona que realizó la maniobra. Tengo una sola lectura de esto, que es una ratificación de lo que él manifestaba cuando yo estaba en Austral con él”.

Explicando el audio, la abogada Silvana Martínez -quien participa de la causa- planteó que cuando Báez se refiere a “una persona que está arriba” habla sobre alguien con poder político y no a una creencia religiosa. “Se refiere a una cuestión de poder. Es fundamental esta conversación porque termina de cerrar todo este círculo de sospechas en relación a los verdaderos dueños de los bienes”, aseguró.

Asimismo, acotó que las escuchas podrían cambiar la situación de Cristina Fernández, quien compareció este lunes por segunda vez ante el tribunal que la juzga por presunta corrupción durante su gobierno (2007-2015), en una audiencia dedicada a la lectura de cargos contra ella y otras doce personas.

Cristina, de 66 años, tiene una docena de causas abiertas por presunta corrupción y cinco pedidos de prisión preventiva de la que está exenta debido a sus fueros parlamentarios. A Fernández se la acusa de haber liderado una asociación ilícita para favorecer al empresario Lázaro Báez, cercano a los Kirchner, en concesiones para obras viales en la provincia de Santa Cruz (sur).