Internacional
El Salvador: Justicia anula ley de Amnistía de 1993 pese a oposición del gobierno
Publicado por: Diego Vera La información es de: Agencia AFP
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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador declaró este miércoles inconstitucional la Ley de Amnistía que en 1993 perdonó crímenes cometidos durante la guerra civil que asoló al país entre 1980 y 1992.

La Ley de Amnist√≠a General para la Consolidaci√≥n de la Paz de 1993 es inconstitucional por ser “contraria al derecho al acceso a la justicia, a la tutela judicial o protecci√≥n de los derechos fundamentales“, se√Īal√≥ un comunicado de la Sala de lo Constitucional.

El mismo bolet√≠n agreg√≥ que esa ley tambi√©n violenta el “derecho a la reparaci√≥n integral de las v√≠ctimas de los cr√≠menes de lesa humanidad y cr√≠menes de guerra constitutivos de graves violaciones al derecho internacional humanitario”.

La ley de Amnist√≠a, aprobada por el Congreso el 20 de marzo de 1993, fue anulada por la “violaci√≥n” a dos art√≠culos de la Constituci√≥n salvadore√Īa que est√°n relacionados con la Convenci√≥n Americana sobre Derechos Humanos y con el Protocolo II de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protecci√≥n de las v√≠ctimas de los conflictos armados sin car√°cter internacional.

Adem√°s, indica, la amnist√≠a contempla la extinci√≥n “en todo caso de la responsabilidad civil”, lo que contradice el derecho a la indemnizaci√≥n por da√Īo moral, pues “obstaculiza e impide precisamente una forma de reparaci√≥n” consignada en la Constituci√≥n y el derecho humanitario internacional.

La guerra civil salvadore√Īa, que concluy√≥ con la firma de acuerdos de paz el 16 de enero de 1992, dej√≥ en doce a√Īos una estela de 75.000 muertos, unos 7.000 desaparecidos y cuantiosas p√©rdidas a la econom√≠a del pa√≠s.

La Sala record√≥ que en los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra “no se hizo ninguna alusi√≥n expresa a la amnist√≠a” y que, “por el contrario”, en esos acuerdos se pact√≥ “cl√°usulas tendentes a combatir la impunidad y garantizar la justicia” en graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto.

En una Ley de Reconciliaci√≥n Nacional, aprobada el 23 de enero de 1992, se estableci√≥ que no gozar√≠an de amnist√≠a las personas que, seg√ļn un informe de una Comisi√≥n de la Verdad que investig√≥ atrocidades cometidas durante el conflicto, “hubieren participado en graves hechos de violencia” ocurridos desde el 1 de enero de 1980, rese√Ī√≥ la Sala.

No obstante, explic√≥ la Sala de lo Constitucional, esa disposici√≥n de la Ley de Reconciliaci√≥n Nacional result√≥ “derogada” con la Ley de Amnist√≠a, “negando con ello lo pactado expresamente en los mencionados acuerdos”.

Crímenes imprescriptibles

La Sala estableci√≥ que “los cr√≠menes de lesa humanidad son de car√°cter imprescriptible seg√ļn el derecho internacional, por lo que no pueden oponerse medidas de orden interno, tanto legislativas como de otro car√°cter, que impidan la investigaci√≥n, el esclarecimiento de la verdad, la aplicaci√≥n de una justicia independiente, y que nieguen la justicia”.

Respecto a delitos de lesa humanidad que se habr√≠an cometido durante el conflicto, la sala se√Īal√≥ que “no nos encontramos ante comportamientos individuales y aislados de quienes los consumaron” y que, por el contrario, “son el resultado de lineamientos y √≥rdenes emanados de un aparato organizado de poder, y donde es claramente visible la jerarqu√≠a”.

Tras conocer la sentencia de la Sala de la Corte, el director de la no gubernamental Comisi√≥n de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), Miguel Montenegro, dijo a la AFP que “la sala emiti√≥ una resoluci√≥n apegado a la justicia”.

“La ley de amnist√≠a fue producto de una negociaci√≥n pol√≠tica no apegada al derecho de las v√≠ctimas, (por eso) celebramos y aplaudimos la resoluci√≥n porque con ello se dio la raz√≥n a los organismos humanitarios que desde 1993 sosten√≠amos que era inconstitucional”, indic√≥ Montenegro.

Oposición del gobierno

La decisión de la justicia ha golpeado fuertemente al gobierno de El Salvador, especialmente si se considera que la coalición que lidera al Ejecutivo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), se formó en base a distintas organizaciones guerrilleras del país centroamericano.

Incluso, el actual presidente de ese pa√≠s, Salvador S√°nchez Cer√©n, form√≥ parte de las guerrilla y fue uno de los principales dirigentes en los procesos de paz que se desarrollaron a fines de los 80′ y principio de los 90′ en El Salvador, que introdujeron a estos movimientos a la pol√≠tica tradicional y que se sellaron con la ley de amnist√≠a de 1993.

En febrero pasado, el diputado opositor, Mauricio Vargas, denunció que Sánchez Cerén era uno de los tantos beneficiados con la amnistía.

De igual modo, desde el FMNL en mayo pasado criticaron la intención de anular la ley de amnistía, pues consideraban que afectaba la estabilidad política, pues perjudicaba tanto a miembros de la Fuerza Armada como al mismo presidente.

“Hay que estar alerta porque una medida de ese tipo puede generar tensiones en la sociedad salvadore√Īa y puede tener otras intenciones como la de querer afectar al presidente‚ÄĚ, coment√≥ Roger Blandino Nerio, diputado y miembro de la Comisi√≥n Pol√≠tica del FMLN a El Mundo de El Salvador.

Cabe mencionar, que Sánchez Cerén no aparece nombrado en el informe de la Comisión de Verdad, por lo técnicamente la ley no lo afectaría.

De momento, en una primera reacci√≥n del Ejecutivo, el ministro de Defensa, general David Mungu√≠a, calific√≥ la sentencia como un “error pol√≠tico” pues “crear√° un clima de inestabilidad, que afecta el esp√≠ritu de los acuerdos de paz”.

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