Cada 11 de septiembre el despilfarro de la izquierda también tiene memoria

Chile destinó, como piso -y sé que me estoy quedando muy corto- al menos $17.860 millones entre 2023 y 2025 a museos, fundaciones, sitios de memoria, conmemoraciones y obras relacionadas. La incorporación íntegra de 2022 eleva la cuenta a $21.400 millones, aunque parte de ese presupuesto fue aprobado y ejecutado antes de la llegada de Gabriel Boric.

La cifra excluye las pensiones de exonerados políticos, las indemnizaciones judiciales y el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos. También deja fuera el costo administrativo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de su Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto, sin contar los desmanes ocurridos que luego había que reparar, también con recursos de todos. En efecto, el despilfarro completo resulta todavía más grosero.

El costo de oportunidad es concreto. Con $21.400 millones, Chile podría financiar, por ejemplo, más de 85 mil mensualidades de la PGU. Cada peso destinado a administrar el pasado deja de atender una necesidad urgente del presente.

La conmemoración de los cincuenta años resume esta borrachera presupuestaria. Un levantamiento de compras públicas identificó $1.128 millones en actividades asociadas, mientras que la ceremonia central de 2023 costó otros $640 millones. Los zapatos usados de Salvador Allende formaron parte de una puesta en escena financiada con recursos de un país donde miles de personas esperan atención médica, vivienda, seguridad y pensiones. La sobriedad habría representado mejor a un presidente que denunciaba ante las Naciones Unidas la pobreza y la falta de recursos para los niños.

El recuerdo de las víctimas constituye un deber moral que corresponde a cada uno o a las familias. La tutela estatal de la memoria transforma una interpretación histórica en doctrina oficial y obliga a financiarla incluso a quienes sostienen otra visión.

Un Estado liberal garantiza la libertad de recordar; un Estado iliberal selecciona los recuerdos, distribuye legitimidad y cobra impuestos para sostener su versión. Por ello, la decisión del presidente José Antonio Kast fue propia de un Estado de derecho.

Décadas de transferencias permanentes han convertido la memoria en una estructura con beneficiarios estables, empleos, contratos, fundaciones e incentivos materiales. Allí aparece el conflicto de interés: quienes administran el relato reciben recursos cuya continuidad depende de mantener la herida abierta y sangrando.

La verdad histórica exige un relato completo. La crisis institucional anterior al 11 de septiembre de 1973, la violencia política, el quebrantamiento de la legalidad y la polarización forman parte de sus causas. El 22 de agosto de 1973, la Cámara de Diputados acusó al gobierno de Allende de vulnerar gravemente el orden constitucional. La Corte Suprema había advertido una crisis y una inminente quiebra de la juridicidad. El golpe de Estado y las violaciones posteriores tienen su propia responsabilidad histórica; la misma exactitud obliga a enseñar el proceso que condujo hasta ellos, porque una verdadera garantía de no repetición estudia la cadena completa.

Los derechos humanos también exigen coherencia. El derecho penal sanciona; la venganza degrada. Cuando hablamos de la dignidad, con la que algunos se enjuagan la boca, esta también debe alcanzar al culpable, al anciano, al enfermo y al peor adversario. La evaluación humanitaria individual de un condenado demuestra fidelidad a los principios precisamente cuando su aplicación resulta incómoda. Es en ese momento cuando se reconoce a un verdadero defensor de los derechos humanos: cuando también los aplica al adversario e, incluso, a quien consideran su enemigo.

Como muestra el caso de Bernarda Vera, quien permaneció durante décadas en la nómina de detenidos desaparecidos y posteriormente fue identificada mediante ADN mientras vivía en Argentina. Aún no se determina quién la incorporó a esa nómina ni quién fue el testigo de un hecho que no ocurrió. ¿Cuántos casos más habrá? La corrección del registro fue adecuada; ahora corresponde exigir la devolución de todo lo indebidamente pagado a causa de esta falsedad, tanto a quienes se enriquecieron como a quienes la permitieron.

Cuando recordar se vuelve económicamente conveniente, queda demostrado -una vez más- que la verdad no les interesa. Y lo único que les interesa del pueblo es su dinero. Ellos no buscan cerrar las heridas, sino administrarlas lucrativamente, potenciando el despilfarro del dinero de todos. De lo contrario, no se opondrían a algo tan básico como la libertad de memoria, la pluralidad histórica y los derechos humanos universales, incluso para quienes consideran sus enemigos.