Tras anunciar cargos contra seis empresas eléctricas por no atender llamados de electrodependientes en la emergencia de agosto de 2024, ahora la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) volvió a arremeter, contra 12 empresas que incurrieron en el mismo fallo durante el megacorte del 25 de febrero.
La autoridad en esta ocasión apuntó contra Chilquinta, Coelcha, Edecsa, EEC,Eepa, Enel, Frontel, Litoral, Luz Osorno, Luz Linares, Luz Parral y Saesa.
“La investigación de la SEC logró establecer que fueron, al menos 782 los pacientes electrodependientes que realizaron 2.309 llamadas a sus respectivas empresas, para informar que estaban sin suministro, sin lograr dicho objetivo. Las empresas que concentran el mayor número de casos son Enel, con 666 clientes; Chilquinta, con 65 clientes; y Saesa, con 19 clientes que no pudieron tomar contacto con ellos”, afirmó en un comunicado.
En su anterior acusación, se formularon cargos a Chilquinta, Enel Colina, Frontel, Litoral, Luz Linares y Saesa tras no responder unas 238 llamadas de un conjunto de al menos 57 clientes electrodependientes, en medio de las emergencias por el sistema frontal a inicios de agosto de 2024.
Nuevos cargos a eléctricas por no responder llamados de electrodependientes
Respecto a los nuevos cargos, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, dijo que “es lamentable que nuevamente estemos dando a conocer incumplimientos de las empresas con estos pacientes, los que deben ser prioritarios”.
“Estos procesos administrativos buscan generar un cambio de conducta en las empresas para que sus operaciones cumplan con las necesidades vitales de los electrodependientes”, agregó.
Las multas que arriesgan las mencionadas empresas pueden llegar hasta las 10 mil UTA, casi $8.200 millones por compañía, monto que podría variar según el mérito de cada investigación.
Ambos anuncios, de este miércoles y martes, vienen una semana después que Contraloría afirmara que la SEC fiscalizó “deficientemente” a las eléctricas, respecto al manejo de los electrodependientes.
De esta forma, el análisis arrojó que la SEC “no fiscalizó la implementación de soluciones técnicas, de carácter temporal o permanente, adoptadas por las empresas distribuidoras de electricidad, para mitigar los efectos que las interrupciones del suministro pudieran tener en los hogares de la capital y, especialmente, en los equipos utilizados por personas electrodependientes”.
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