El Gobierno ya envió al Congreso el proyecto de Ley que busca regular a las aplicaciones de Transporte como Uber y Cabify, elevar los requisitos de funcionamiento y, de paso, establecer mecanismos para que tributen en el país.
La iniciativa se discute en la Cámara de Diputados y, de aprobarse, su implementación le costaría al Fisco 448 millones de pesos, según un informe financiero de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
En concreto, según consignó El Mercurio, el costo anual ascendería a los $278 millones, a los que se suman otros $170 millones para la compra de los equipos necesarios para poner en marcha esta iniciativa.
El ministro (s) de Transportes, José Luis Domínguez, justificó el alto monto, asegurando que la cartera deberá hacer seguimientos constantes y con recursos propios.
Con la postura de la autoridad concordó el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Productividad, Alfie Ulloa, quien avisoró que los beneficios que el cuerpo legal le traería al país podrían bordear los 50 millones de dólares al año.
“Es un costo menor y que presenta una oportunidad para integrar nuevas tecnologías que el Estado podrá ocupar para fiscalizar”, sostuvo.
Desde la Comisión de Transportes de la Cámara, uno de sus integrantes, Jaime Mulet, valoró el bajo costo de la Ley, en comparación a los impuestos que ingresarían a futuro.
Además, indicó que la tramitación podría ser compleja debido a los intereses involucrados, aludiendo a taxistas y empresas.
El también miembro de la instancia, Leopoldo Pérez, señaló que espera que se asegure la “competencia justa” y se establezcan claramente los protocolos de fiscalización.
